El plan surgió tras una reunión con autoridades del Ejecutivo para mitigar el duro impacto financiero.
Sarubbi detalló que la obligación estatal presenta dos escenarios. Por un lado, los proyectos financiados con fondos externos, cuyos recursos ya están depositados. “Paraguay ya recibió esos fondos y paga intereses, no tiene sentido que el Estado se atrase y genere un doble costo financiero”, advirtió.
Por otro lado, la mora ligada a fondos locales alcanza unos USD 150 millones en capital, más USD 110 millones en intereses acumulados por dos años. Para este segmento, el Ministerio de Economía propuso aplicar la herramienta del “factoring” o cesión de crédito, ya contemplada en la ley del Presupuesto General.
“El Estado dará garantía soberana a estas facturas y el trato será directo entre el Gobierno y el banco financiador. Nosotros salimos de la ecuación”, explicó.
Cavialpa estudia la reglamentación con bancos y asesores para aprobarla lo antes posible, proyectando cobrar este mes.
Aunque la deuda de Obras Públicas ronda hoy los USD 200 millones, la morosidad afecta a sectores como salud, educación, vivienda y deportes. Sarubbi concluyó que el dinero destrabado oxigenará toda la economía al permitir a las empresas cumplir con sus miles de proveedores.