El sorpresivo anuncio del Gobierno sobre la implementación de una denominada “economía de guerra” ha generado repercusiones. Durante una entrevista en el programa “Espresso Informativo” de La Tribu 650 AM, el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, analizó las contradicciones entre el discurso triunfalista de las autoridades y la cruda realidad de las arcas públicas.
Ferreira cuestionó cómo, tras celebrar la obtención del grado de inversión y destacar el gran auge inmobiliario en el exclusivo eje corporativo de Santa Teresa en Asunción, la administración actual debe recurrir a medidas de extrema austeridad económica y fiscal. Para el experto, el escenario actual no es producto del azar o de factores externos incontrolables, sino el resultado de la gestión directa del Gobierno.
Asimismo, explicó que la reciente y violenta reducción del tipo de cambio responde a la política monetaria. Aunque el dólar experimenta grandes fluctuaciones globales, la magnitud de la caída a nivel local afecta de manera directa a todos los ingresos estatales, especialmente a la recaudación aduanera y tributaria, dado que las importaciones se abaratan drásticamente. Sin embargo, el economista subrayó que el problema no radica solo en los ingresos, sino en el descontrolado incremento de los gastos.
Como un claro ejemplo, mencionó el gran programa de asistencia monetaria a todos los adultos mayores. Concebido originalmente para ayudar a todas las personas en situación de extrema pobreza, sus modificaciones han permitido que los ciudadanos pudientes accedan al dinero estatal, elevando todo el costo a unos USD 400 millones. “Es hasta inmoral que adultos mayores ricos cobren este subsidio”, mencionó.
Otro enorme punto crítico expuesto en la nota fue la grave improvisación que rodea al famoso programa oficial Hambre Cero, cuyo gigantesco costo anual ronda los USD 370 millones en la actualidad.
Ferreira advirtió que la fuente de financiamiento basada en la cesión de la energía de Itaipú es totalmente decreciente, ya que Paraguay consume más electricidad en su territorio. Hoy esos fondos apenas cubren USD 85 millones, generando un inmenso déficit que obligará a extraer recursos de otra parte del presupuesto general en 2027.
A esto se suma la gran y muy tardía reforma de la Caja Fiscal. “El Gobierno demoró casi tres años en poder abordarla y al final terminó cediendo a presiones sectoriales al mantener la edad de jubilación promedio en solo 53 años, consolidando grandes privilegios de algunos grupos”, expresó.
Ante la publicitada “economía de guerra”, el profesional se preguntó de dónde saldrán todos los urgentes recortes dentro de un presupuesto nacional que es estructuralmente muy rígido por la alta dependencia de los salarios. Descartó por completo que el Gobierno despida a trabajadores públicos, especialmente en vísperas de un conflictivo año electoral.