En Paraguay, hablar de sequía ya no es hablar solamente del campo. Es hablar del corazón mismo de la economía. El país depende del agua para producir alimentos, mover exportaciones, generar electricidad y sostener buena parte de su actividad. Esa dependencia, que durante años fue una ventaja comparativa, hoy también es una fuente de fragilidad. Cuando el régimen hídrico se altera, el impacto no queda encerrado en una chacra o en una comunidad aislada, sino que se propaga hacia la energía, el transporte, el comercio exterior, los ingresos fiscales y, finalmente, hacia el empleo y el bienestar de los hogares. Paraguay es un gran exportador de soja, carne e hidroelectricidad, y esa estructura explica por qué la disponibilidad de agua tiene efectos tan decisivos sobre su desempeño económico.
La sequía golpea al país por varios frentes al mismo tiempo. La FAO advierte que en Paraguay afecta agricultura, energía, servicios de agua, transporte, comercio y exportaciones. En el agro impacta de manera aguda la soja, pero también la producción de subsistencia de pequeños productores y comunidades indígenas. En paralelo, la caída de los niveles de agua reduce la generación hidroeléctrica y, con ello, las exportaciones de electricidad. Los niveles bajos en el sistema Paraguay-Paraná interrumpen el transporte fluvial y encarecen la logística. Es decir, menos agua no significa un solo problema, sino una cadena de problemas conectados.
La experiencia reciente muestra hasta qué punto esa vulnerabilidad es real. Según el Banco Mundial, el crecimiento promedio anual del PIB real se desaceleró a 1,1% entre 2019 y 2022 por efecto combinado de la sequía severa y recurrente y la pandemia. En 2022, la cosecha de soja se desplomó casi 70%, aumentaron los costos logísticos por problemas de navegabilidad y la inflación se intensificó. No fue un evento aislado; fue una demostración de cómo un shock hídrico puede convertirse rápidamente en shock macroeconómico. Cuando la lluvia falla, no solo cae la producción; también se tensionan precios, cuentas externas, recaudación y capacidad de recuperación social.
El problema es todavía más profundo porque la economía paraguaya está estrechamente atada a sectores vinculados a recursos naturales. El mismo informe del Banco Mundial señala que, entre 2019 y 2022, actividades ligadas a agricultura primaria, ganadería, agroprocesamiento, electricidad y agua representaron en promedio 29% del producto total. En exportaciones, la concentración es aún mayor. Esa estructura vuelve al país particularmente sensible a cualquier alteración del ciclo hidrológico. En otras palabras, la sequía en Paraguay no es solo una contingencia climática, también es un riesgo de desarrollo.
La hidroelectricidad ilustra con claridad esa exposición. Paraguay depende de la disponibilidad confiable de agua de la cuenca del Plata para producir energía, sostener transporte fluvial, apoyar la agricultura y preservar ecosistemas. El Banco Mundial advierte que la sequía reduce la generación en las binacionales y, además, puede coincidir con mayores demandas internas de electricidad por olas de calor. Eso significa una doble presión; menos oferta exportable y más consumo doméstico. El efecto económico no es menor, ya que las exportaciones hidroeléctricas generan alrededor de 1.700 millones de dólares por año, cerca de 4% del PIB. Cuando el agua baja, baja también una parte sensible del ingreso nacional.
A eso se suma una dimensión regional que a veces pasa desapercibida. Paraguay no depende solo de lo que ocurra dentro de sus fronteras. La disponibilidad de agua en la cuenca del Plata también está influida por usos aguas arriba, operaciones de embalses en países vecinos y cambios de uso del suelo. Por eso la adaptación paraguaya no puede limitarse a medidas domésticas. Requiere cooperación transfronteriza, mejor gobernanza de cuencas y una visión estratégica sobre seguridad hídrica, energía y navegación. El agua que Paraguay necesita para crecer también depende de decisiones que se toman más allá de Paraguay.
¿Qué hacer entonces?
Primero, abandonar la lógica de reacción permanente. El país necesita fortalecer monitoreo y alerta temprana, protocolos de sequía, planificación por cuencas, uso más eficiente del agua, protección de ecosistemas reguladores y herramientas financieras que permitan responder antes del colapso. Segundo, diversificar riesgos no solo en la matriz productiva, sino también en la energética, reduciendo la exposición excesiva a variaciones hidrológicas. Tercero, poner el foco en los más vulnerables: pequeños productores, comunidades rurales e indígenas, hogares con menor capacidad de absorción. La sequía en Paraguay no será un episodio pasajero que se resuelve esperando la próxima lluvia. Será, cada vez más, una prueba de inteligencia institucional y de la capacidad del país para convertir su dependencia del agua en una estrategia de resiliencia, en lugar de una trampa de vulnerabilidad.