La Administración Nacional de Electricidad (Ande) ha sido durante décadas el pilar indiscutido del sector eléctrico paraguayo: un monopolio verticalmente integrado que generaba, transmitía y distribuía la energía, todo bajo un mismo techo. Ese modelo, heredado de la Ley 966/64, permitió electrificar el país a gran velocidad gracias al enorme potencial hidroeléctrico de Itaipú y Yacyretá.
Pero el contexto ha cambiado radicalmente. La demanda crece a tasas de dos dígitos anuales —superando el 12% en el 2025 y manteniendo el ritmo en el 2026—, impulsada por la industrialización, el auge de data centers, proyectos de hidrógeno verde y la expansión de la agroindustria.
Al mismo tiempo, las recientes normativas, como la Ley 7599/2025 de Modernización del Régimen de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables No Convencionales No Hidráulicas, marcan el inicio de una transición profunda: se abre la puerta a la participación privada en generación, especialmente solar y eólica, y se habilitan contratos bilaterales con grandes consumidores.
En este nuevo escenario, la Ande deja de ser el único jugador para convertirse en el cerebro estratégico del sistema eléctrico nacional. Ya no será el comprador-vendedor cautivo que pierde rentabilidad en el ciclo de exportación-importación de energía.
Recordemos: en épocas de sequía, la Ande compra caro combustible térmico o energía cara en el mercado regional para suplir déficits, mientras exporta a Brasil y Argentina a precios regulados bajos derivados de los tratados binacionales.
Esa asimetría financiera ha sido una sangría crónica. La reforma en marcha libera a la Ande de esa carga operativa marginal para enfocarse en lo que realmente le corresponde como ente público estratégico: planificar el desarrollo del sistema, despachar la energía de manera óptima, mantener y expandir la red troncal de transmisión y garantizar el acceso universal y asequible a la electricidad.
Imaginemos el futuro cercano: la Ande se transforma en un verdadero Ente Nacional de Transmisión y Planificación, con músculo técnico reforzado.
Su rol principal será el de operador independiente del Sistema Interconectado Nacional (SIN), coordinando el despacho centralizado —ya sea desde Itaipú, Yacyretá, Acaray, futuras centrales solares o parques eólicos privados—. Utilizará herramientas avanzadas de planificación, como los Planes Maestros de Transmisión (actualizado al 2024-2033) y Distribución, para anticipar cuellos de botella, dimensionar inversiones en subestaciones, líneas de 500 kV y 220 kV, y compensadores estáticos de reactivos que estabilicen el voltaje en un sistema cada vez más variable por la irrupción de renovables intermitentes.
Este cambio implica eficiencia pura. Al desprenderse de la generación no hidroeléctrica —que pasará mayoritariamente al sector privado bajo la Ley 7599/2025, con licencias de hasta 30 años, fideicomisos de pago y contratos take-or-pay—, la Ande evita asumir riesgos de inversión en plantas térmicas o solares que hoy podrían ser más rentables en manos privadas.
En su lugar, compra energía en bloques competitivos o bilaterales, priorizando el menor costo marginal para el consumidor final. La red troncal —esa autopista invisible de alta tensión— queda bajo su control exclusivo, asegurando neutralidad: cualquier generador, sea estatal o privado, accede en igualdad de condiciones, pagando peajes regulados por transmisión.
Otro pilar es la garantía de acceso universal. Paraguay aún tiene brechas en cobertura rural y periurbana; la Ande mantendrá su obligación constitucional de llegar a todos los rincones, subsidiando donde sea necesario, pero ahora con tarifas más transparentes y focalizadas.
La modernización tecnológica —sistemas SCADA avanzados, monitoreo en tiempo real, digitalización geoespacial de redes y centros de control inteligente— le permitirá reducir pérdidas técnicas (aún elevadas), detectar fallas en segundos y minimizar interrupciones como las recientes que han puesto en jaque al sistema.
Técnicamente, esto significa pasar de un modelo centralizado y rígido a uno híbrido y resiliente. El despacho ya no será solo reactivo ante la oferta binacional; incorporará pronósticos de generación distribuida, respuesta de demanda y almacenamiento (baterías futuras).
La Ande liderará estudios de estabilidad dinámica, análisis de margen de carga (buscando siempre >5% para evitar colapsos de tensión) y planes de expansión que integren renovables sin comprometer la seguridad. Su expertise en operación de alta tensión —con experiencia en interconexiones regionales— la posiciona como el árbitro natural del mercado.
Los beneficios son claros: mayor eficiencia sistémica, reducción de subsidios cruzados implícitos, atracción de inversión privada masiva en generación (sin que el Estado asuma todo el riesgo) y tarifas más estables a mediano plazo. La Ande deja de ser un ente que pierde plata en el ciclo export-import para convertirse en un operador estratégico, planificador visionario y garante de la soberanía energética.
Ese es el salto cualitativo que Paraguay necesita para convertir su ventaja comparativa hidroeléctrica en motor de desarrollo industrial sostenible. No será fácil: requiere fortalecer la autonomía técnica y financiera de la Ande, actualizar su Carta Orgánica si es necesario (como se discute con temas de fibra óptica), capacitar personal y coordinar con el Viceministerio de Minas y Energías. Pero el rumbo está trazado. De monopolio omnímodo a cerebro del sistema: esa es la evolución que permitirá a nuestro país aprovechar al máximo su potencial energético en la era de la transición global.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.