La jefa del Departamento de Dictámenes del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorgelina Gómez, aclaró en comunicación con “La Tribu 650 AM” la controversia generada por la utilización del rubro 915 de gastos judiciales. Según explicó, la actual administración, liderada por Jorge Brítez, heredó deudas millonarias con proveedores de servicios esenciales, como limpieza y mantenimiento, cuyos contratos habían vencido pero continuaron operando por la imperiosa necesidad institucional.
Gómez detalló que la administración anterior pagaba estos servicios bajo el rubro 845 de indemnizaciones, una práctica que ya había sido observada por auditorías externas. Para sanear esta irregularidad contable y evitar demandas que generarían mayores costos al ente, el IPS implementó un nuevo mecanismo. Ahora, las deudas son estrictamente verificadas por auditoría interna y el Consejo de Administración.
Una vez comprobada la prestación del servicio, el IPS negocia acuerdos extrajudiciales con las empresas. La condición fundamental es que los proveedores renuncien al cobro de honorarios profesionales y costas. Finalmente, estos acuerdos son sometidos a la homologación de un juez ordinario. “La gerencia financiera no ha realizado ningún pago sin tener sentencias de los órganos jurisdiccionales”, enfatizó Gómez.
La funcionaria aseguró que este procedimiento cuenta con el aval de la Contraloría General de la República (Guía 605/2022) y busca el menor daño patrimonial, garantizando así la calidad de atención para los asegurados.