La Administración Nacional de Electricidad (Ande) no va a desaparecer. Punto. Seguirá siendo una empresa estatal, pública, paraguaya. Lo que termina —o debería terminar— es su monopolio absoluto en la distribución y comercialización de energía eléctrica.
La propuesta no es privatizarla entera ni regalarla a multinacionales; es desintegrar verticalmente el sector, manteniendo la transmisión (la verdadera columna vertebral del sistema eléctrico nacional) en manos estatales, y abriendo la distribución a competencia regulada: cooperativas eléctricas, empresas privadas locales, consorcios municipales e incluso generadores renovables que quieran vender directamente a sus clientes.
Hoy la Ande integra verticalmente generación (aunque limitada), transmisión, distribución y comercialización bajo un monopolio legal consagrado desde su creación en 1949. Esto genera incentivos perversos: sin competencia real, no hay presión para reducir pérdidas no técnicas (que rondan el 20-25% en zonas urbanas y superan el 30% en rurales según informes técnicos recurrentes), optimizar inversiones ni mejorar indicadores de calidad como SAIDI (duración media de interrupciones) y SAIFI (frecuencia de interrupciones).
Paraguay arrastra uno de los peores desempeños regionales en continuidad del suministro, pese a tener la energía más barata del continente gracias a Itaipú y Yacyretá.
La desmonopolización propone un modelo de distribución por concesión o licencia regulada, similar al que aplicaron Chile desde la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982 con distribución zonificada y competencia por área, Colombia con la Ley 143 de 1994 que impulsó desintegración vertical y mercado mayorista con distribuidores compitiendo en eficiencia, o Perú con la Ley 28.832 que estableció concesiones exclusivas, pero con benchmarks regulatorios estrictos.
En estos países, la apertura generó caídas promedio del 15-30% en pérdidas técnicas y no técnicas en la primera década, mejoras en SAIDI y SAIFI de hasta 40% y atracción de inversión privada en redes sin que el Estado perdiera control estratégico.
En el caso paraguayo, la Ande mantendría toda la red de transmisión de alta tensión (500 kV, 220 kV y 132 kV), que representa la infraestructura crítica y de alto costo sunk (irreversible), la obligación constitucional y legal de electrificación rural universal para llegar a los últimos rincones donde la rentabilidad privada es nula o negativa, el rol de proveedor de último recurso para usuarios que no encuentren suministrador privado, y la propiedad de la mayoría de las hidroeléctricas binacionales junto con su despacho centralizado.
La distribución pasaría a operadores zonificados por departamento o macrozona, bajo concesiones licitadas o asignadas con plazos de 25-30 años renovables. Cada concesionario tendría metas regulatorias de calidad con máximos de SAIDI y SAIFI, reducción anual de pérdidas no técnicas con penalidades financieras si no cumple, y obligación de inversión mínima anual indexada.
La tarifa final al usuario sería regulada por una entidad autónoma (hoy inexistente en Paraguay, ya que el Viceministerio de Minas y Energía no tiene independencia real), con metodología de price cap o revenue cap ajustada por inflación, eficiencia y calidad, más un pass-through neutro del costo de la energía comprada en el futuro mercado mayorista.
Entre los beneficios concretos se destacan un mejor servicio y menos cortes porque la competencia obliga a invertir en mantenimiento predictivo, smart grids, telemedición y automatización de reconectadores, tal como ocurrió en países que desmonopolizaron y bajaron interrupciones promedio de 20-40 horas al año a menos de 10.
Las tarifas se vuelven más justas y transparentes, ya que sin monopolio los márgenes de distribución se comprimen por eficiencia, y el benchmarking internacional muestra que operadores privados o cooperativos logran OPEX 20-35% menor que monopolios estatales integrados, permitiendo focalizar mejor el subsidio cruzado actual donde la industria subsidia al residencial.
Se atrae inversión porque Paraguay necesita entre USD 1.200 y 1.500 millones anuales en distribución para el 2026-2030 según los Planes Maestros de la Ande, algo que un monopolio estatal endeudado no logra mientras que concesiones privadas sí, sin carga fiscal adicional. Además, se impulsan las renovables distribuidas, ya que generadores solares o eólicos pequeños podrían vender directamente a usuarios mediante net metering o PPA privados, rompiendo el cuello de botella de la comercialización exclusiva de la Ande.
Los miedos son comprensibles: se va a privatizar todo, subirán las tarifas, se creará un oligopolio privado. Pero la clave es la regulación fuerte, no la desregulación salvaje. Se necesita una superintendencia de electricidad independiente con facultades sancionadoras reales, metodologías tarifarias transparentes y prohibición explícita de concentración con límite de mercado por operador menor al 30-40%.
Nosotros en Paraguay podemos hacerlo bien desmonopolizando la Ande y esto no es destruirla, es liberarla de su propio peso para que cumpla mejor su misión estratégica. Es pasar del miedo al cambio a la madurez de un sector eléctrico moderno, eficiente y al servicio del desarrollo nacional. El verdadero riesgo no es abrir la distribución; es seguir atados a un monopolio que, aunque “ande”, cada vez anda peor.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador Nayib Bukele.
Desintegración vertical
Separación de generación, transmisión y distribución en empresas o unidades distintas para evitar concentración y fomentar eficiencia.
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) Duración promedio anual de cortes por usuario.
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) Cantidad promedio anual de interrupciones por usuario.
Pérdidas técnicas
Energía que se pierde por razones físicas en cables y transformadores.
Pérdidas no técnicas
Pérdidas por conexiones ilegales, fraude o errores de medición.
Price cap
Método regulatorio que fija un tope máximo a la tarifa, ajustado por inflación y eficiencia.
Revenue cap
Límite al ingreso total permitido a una empresa regulada.
Pass-through
Traslado directo al usuario del costo de la energía comprada, sin margen adicional.
OPEX (Operational Expenditure)
Gastos operativos corrientes para funcionamiento y mantenimiento.
Smart grids
Redes eléctricas inteligentes que usan tecnología digital para monitoreo y control en tiempo real.
Costo hundido (sunk cost)
Inversión ya realizada que no puede recuperarse aunque cambie el modelo de negocio.