La Contraloría General de la República (CGR) puso punto final a la controversia en torno a la adjudicación de la banda 5G y descartó cualquier recomendación de anulación o suspensión del proceso llevado adelante por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Lejos de cuestionar la legalidad del acto administrativo, el órgano de control ratificó que la decisión se inscribe en el marco de la discrecionalidad técnica y administrativa, y puso el foco en la etapa clave: la ejecución contractual.
“No estamos recomendando que se revoque ni se suspenda este proceso”, afirmó el contralor Camilo Benítez, al tiempo de subrayar que corresponde ahora verificar que la firma adjudicada, Nubicom Paraguay SA, cumpla íntegramente con los compromisos de inversión y despliegue asumidos.
En su recomendación formal, la CGR exhorta a Conatel, en su carácter de autoridad reguladora, a “fortalecer el ejercicio de su competencia institucional e indelegable de fiscalización”, mediante sistemas de seguimiento continuo, reportes periódicos, mediciones técnicas especializadas e inspecciones presenciales que aseguren trazabilidad y resguardo documental. El dictamen establece además que, ante eventuales incumplimientos totales o parciales, deberán activarse de oficio los procedimientos administrativos y sancionatorios previstos, incluida la eventual rescisión de la licencia.
Como medida adicional, la Contraloría dispuso una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) y designó equipos técnicos que se instalarán en Conatel para “controlar el control”, garantizando que la supervisión sea efectiva, documentada y verificable.
Con esta decisión, el ente contralor desactiva denuncias de supuestas irregularidades en la adjudicación y redefine el eje del debate: el desafío no está en el origen del contrato, sino en asegurar que la tecnología 5G se despliegue en tiempo y forma, bajo estricta vigilancia del interés público.