Paraguay cerró el 2025 con un déficit fiscal cercano al 2% del PIB y con un crecimiento económico que, en términos regionales, luce saludable. Sobre el papel, los números transmiten estabilidad. Sin embargo, detrás de ese equilibrio macro existe una tensión silenciosa que afecta directamente a la economía real: el atraso en los pagos del Estado a sus principales proveedores.
En infraestructura, los gremios hablan de alrededor de USD 370 millones en obligaciones certificadas, de los cuales unos USD 250 millones corresponden a capital y cerca de USD 120 millones a intereses acumulados por mora. En el sector farmacéutico, las estimaciones privadas oscilan entre USD 450 y más de USD 600 millones, dependiendo del universo considerado. No hay todavía un desglose consolidado que permita ver con claridad qué parte de estos montos está plenamente registrada y cuál permanece pendiente por cuestiones de programación financiera.
Más allá de la cifra exacta, el problema es evidente: hay obras ejecutadas y medicamentos entregados que no han sido pagados en tiempo y forma. Y cuando eso ocurre de manera recurrente, el impacto se siente en toda la cadena. Constructoras que financian avances con crédito bancario, subcontratistas que esperan transferencias para cumplir con su propia nómina, proveedores de insumos que ajustan condiciones ante la incertidumbre. En salud, la tensión financiera termina poniendo presión sobre el abastecimiento.
En teoría, el gasto público se reconoce cuando el bien o servicio es certificado y existe plan de caja para pagarlo. En la práctica, cuando la disponibilidad financiera no acompaña el ritmo de certificación, las obligaciones pueden quedar pendientes de registro pleno. Allí aparece el verdadero nudo: un desajuste entre lo que se ejecuta y lo que efectivamente puede pagarse.
Y ese desajuste no es solo técnico, es de gestión. Los ministerios sectoriales arrastran debilidades importantes en su administración financiera. Se firman contratos, se certifican avances y se asumen compromisos sin que el flujo de fondos esté adecuadamente sincronizado con el Tesoro. Esa falta de articulación complica la programación de caja del Ministerio de Economía y Finanzas, que termina administrando tensiones que no siempre fueron generadas por él.
En este contexto, la implementación sobre el factoring con aval estatal merece una atención especial y bien pragmática. El artículo 279 del Presupuesto General de la Nación del 2026 ya permite que el MOPC y el MSPBS autorice la cesión de derechos de cobro sobre pagos certificados, con autorización previa del Ministerio de Economía y con un plazo máximo de tres años.
¿Qué significa esto en términos simples? Que una empresa que ya tiene un pago certificado puede ceder ese derecho a un banco, obtener liquidez inmediata y dejar que el Estado cumpla el calendario dentro del plazo previsto. No es emisión de bonos, no es gasto nuevo, no es expansión presupuestaria. Es una forma de ordenar financieramente compromisos ya asumidos.
Por supuesto, no es una solución mágica. La cesión de cobro (que no es herramienta nueva) no corrige por sí solo los problemas de administración financiera ni reemplaza la necesidad de mayor disciplina en la contratación pública. Tampoco debe utilizarse para maquillar desequilibrios fiscales. Pero ignorar la herramienta tampoco resuelve el problema. Mantener obligaciones certificadas sin un mecanismo ordenado de liquidez solo encarece la cuenta final a través de intereses y deterioro productivo.
Algunos podrán argumentar que este esquema equivale a endeudamiento indirecto. Sin embargo, la diferencia es relevante: aquí no se crea una obligación nueva, se administra mejor una ya existente. El pasivo no nace con la cesión; ya estaba en el contrato y en la certificación. Lo que sí es posible que se pueda objetar son los costos financieros de la herramienta.
Lo que esta situación deja en evidencia es algo más profundo. Si el Estado enfrenta restricciones recurrentes para financiar infraestructura y compras estratégicas, es momento de avanzar con mayor decisión en mecanismos estructurales como asociaciones público-privadas, esquemas llave en mano o concesiones bien diseñadas. No se trata de sustituir al Estado, sino de distribuir mejor los riesgos y evitar que cada descalce de caja termine trasladándose al sector productivo.
Paraguay no necesita dramatizar sus números fiscales, pero tampoco puede ignorar las señales que envía su propia cadena de pagos. El factoring con aval estatal puede ser un puente razonable mientras se corrigen fallas estructurales de gestión financiera, se evalúan nuevos instrumentos de financiación (Cremaf modelo uruguayo) y se fortalecen los sistemas de administración financiera. La herramienta ya existe en la ley. El desafío ahora es usarla con prudencia, transparencia y sentido de responsabilidad.
Por lo menos, así lo veo yo.
* Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.