El Poder Ejecutivo inició el proceso de actualización del marco normativo del sector minero con el objetivo de atraer inversiones, promover estudios prospectivos y sentar las bases para el desarrollo responsable de una actividad que, aunque incipiente, es vista como una oportunidad para diversificar la economía paraguaya y generar nuevas fuentes de crecimiento.
El Gobierno Nacional avanza en la revisión y modernización del marco legal que regula la actividad minera en Paraguay, con la intención de crear condiciones más competitivas para atraer capitales privados y promover la exploración de recursos estratégicos. La iniciativa contempla la actualización del Código Minero y la elaboración de una nueva política sectorial, alineada con estándares internacionales y con un enfoque de sostenibilidad ambiental y social.
Autoridades del Viceministerio de Minas y Energía señalaron que el país cuenta con indicios de la presencia de minerales como uranio, litio, tierras raras, cobre, hierro y otros recursos de alto valor estratégico, aunque aún no existen estudios prospectivos a gran escala que permitan certificar su potencial. Para avanzar en esa línea, se considera clave contar con un marco normativo moderno que brinde previsibilidad jurídica y reglas claras a los inversionistas.
Desde el Gobierno explicaron que los procesos de exploración minera requieren inversiones significativas y plazos extensos, que pueden ir de 10 a 15 años antes de alcanzar una etapa productiva. En ese contexto, la actualización de las normativas busca generar confianza en los actores privados, facilitando el ingreso de capital técnico y financiero para el desarrollo de estudios geológicos más profundos.
La revisión del Código Minero apunta a superar las limitaciones de la legislación actual, vigente desde el 2007, incorporando mecanismos más transparentes y competitivos para la adjudicación de áreas de exploración y explotación. Entre los aspectos analizados se encuentran la simplificación de trámites, la digitalización de procesos y la mejora de los sistemas de control y fiscalización del Estado.
El impulso a la minería forma parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva, en un país cuya economía ha estado históricamente sostenida por el sector agropecuario y la generación de energía. En ese sentido, las autoridades consideran que el desarrollo responsable de la minería podría complementar la matriz productiva, generar empleo especializado y fortalecer la balanza comercial a mediano y largo plazo.
Paralelamente, el Gobierno viene trabajando en la inserción de Paraguay en iniciativas internacionales vinculadas a las cadenas de suministro de minerales críticos, especialmente aquellos utilizados en la transición energética y en industrias de alto valor agregado, como la fabricación de baterías, componentes electrónicos y tecnologías limpias. Estas acciones buscan posicionar al país como un actor confiable en un mercado global cada vez más demandante de este tipo de recursos.
No obstante, el avance del sector minero plantea desafíos relevantes, particularmente en materia ambiental. Experiencias previas de explotación artesanal, especialmente en la extracción de oro, dejaron lecciones sobre la necesidad de controles más estrictos y de una mayor presencia del Estado para evitar impactos negativos en el ambiente y en las comunidades locales.
Ante este escenario, desde el Ejecutivo remarcaron que la nueva normativa incorporará exigencias ambientales más rigurosas, protocolos de monitoreo permanente y criterios de responsabilidad social, con el objetivo de garantizar que cualquier desarrollo minero se realice bajo parámetros de sostenibilidad y respeto al entorno.
Con la actualización del marco legal, el Gobierno busca sentar las bases para una nueva etapa del sector minero en Paraguay, apostando a atraer inversiones, generar conocimiento sobre el potencial geológico del país y avanzar hacia una economía más diversificada, sin descuidar la protección de los recursos naturales ni el bienestar de la población.