El Poder Ejecutivo activó un esquema financiero para enfrentar la deuda acumulada con empresas constructoras, estimada en USD 370 millones, y así evitar la paralización de obras públicas en ejecución. La estrategia, coordinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), contempla la aplicación de la Ley 6542/2020 para instrumentar contratos de factoraje a través del sistema bancario.
El mecanismo permitirá a las firmas contratistas ceder sus certificados de obra pendientes de cobro a entidades financieras, que adelantarán los recursos correspondientes, mientras el Estado mantiene la obligación de pago en los plazos establecidos. La medida apunta a restablecer el flujo de caja de las empresas y sostener el ritmo de proyectos de infraestructura en distintos puntos del país.
La propuesta fue analizada en una mesa de trabajo encabezada por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, con participación de representantes de la Cámara Paraguaya de la Construcción y del Congreso Nacional.
Desde el sector constructor señalaron que el volumen del pasivo ha limitado el acceso a nuevos créditos y condicionado la continuidad de contratos vigentes. El Ejecutivo sostiene que el esquema permitirá ordenar pagos y preservar la cadena vinculada a la obra pública.