El Poder Ejecutivo busca dar liquidez a las empresas constructoras para dar continuidad a proyectos estratégicos y, a la vez, articular acciones para saldar la deuda con constructoras (unos USD 370 millones) mediante el factoraje, una herramienta financiera para que las empresas cobren vía bancos sus facturas pendientes.
Desde hace tiempo se ha venido gestando una situación compleja en la que el ritmo de ejecución de las obras públicas ha superado la velocidad de desembolso y la disponibilidad de caja del Tesoro Público. Esta disonancia entre el avance físico de los proyectos y el flujo financiero ha generado un pasivo abultado, una deuda que el Gobierno ha acumulado con las empresas contratistas. No se trata de una simple demora administrativa, sino que más bien es un bloqueo de capital de trabajo que pone en jaque la supervivencia de numerosas empresas y la continuidad de proyectos estratégicos.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo inició una mesa de diálogo estratégica para abordar la millonaria deuda que mantiene el Estado con el sector de la construcción. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, junto a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, encabezaron el encuentro del que también participaron directivos de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y el senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta.
Ante el abultado compromiso financiero, la propuesta central del MEF consiste en aplicar los mecanismos de la Ley 6.542/2020. Esta normativa permite el uso de contratos de factoraje, una herramienta financiera que facilita la cesión de facturas a un cesionario (generalmente bancos o financieras).
Bajo este esquema, las constructoras podrán cobrar de forma anticipada a través del sistema financiero, trasladando el derecho de cobro de los certificados de obra pendientes.
Si bien la intención de pago es clara, las cifras manejadas por los gremios revelan una carga pesada por intereses acumulados.
Desde la Capaco advirtieron que la situación actual es crítica. El volumen de la deuda ha bloqueado la capacidad de las empresas para acceder a nuevos créditos, lo que pone en riesgo la continuidad de los numerosos proyectos de infraestructura que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene en ejecución.
“Con el volumen de deuda actual (USD 370 millones) se torna difícil que las empresas encuentren créditos en el sistema financiero para cubrir pagos pendientes y sostener el ritmo de trabajo”, señalaron representantes de la Capaco.
La implementación del factoraje se perfila como la salida más viable para evitar la paralización de obras estratégicas y garantizar la cadena de pagos en uno de los sectores que más dinamiza la economía nacional.