La controversia en torno a ueno bank suma nuevos capítulos con la campaña sucia de ABC Color, que mantiene sus cuestionamientos contra la entidad financiera pese a la existencia de documentos oficiales y declaraciones de referentes del Banco Central del Paraguay (BCP) que permiten reconstruir la secuencia de los hechos y conocer las medidas adoptadas por el banco ante los requerimientos del organismo regulador.
El tratamiento informativo de ABC Color vuelve a quedar bajo la lupa por la utilización de declaraciones de referentes políticos, entre ellos el senador Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en contra del Estado, cuyas afirmaciones deben ser contrastadas con los antecedentes documentales y las respuestas institucionales disponibles. La difusión de opiniones o denuncias por parte del cuestionado senador, no reemplaza la necesidad de verificar los hechos ni exime a los medios de presentar la información completa y contextualizada, salvo que se trate, justamente, de una sucia campaña mediática.
Uno de los aspectos centrales de la discusión es la supervisión de los créditos otorgados a empresas vinculadas. Según los antecedentes comunicados por el BCP, ampliamente debatidos, ya el 5 de junio de 2026 la Superintendencia de Bancos requirió ajustes a ueno bank. Posteriormente, el 15 de julio, la entidad regularizó los excesos señalados dentro del plazo legal, mientras que el 24 de julio incorporó otras medidas relacionadas con la composición y venta de su cartera crediticia.
Esta cronología documentada resulta fundamental para evaluar las publicaciones que presentan las observaciones regulatorias como un hecho grave sin distinguir entre la detección de un incumplimiento, la exigencia de medidas correctivas y la respuesta de la entidad supervisada. De hecho, la existencia de observaciones no equivale, por sí sola, a demostrar que un banco desatendió al regulador o que incumplió deliberadamente sus obligaciones.
El propio BCP también informó que continuaba un sumario administrativo relacionado con la venta de cartera. Este procedimiento debe diferenciarse de los ajustes realizados en materia de créditos vinculados y de las conclusiones que puedan extraerse sobre la conducta de la institución.
El informe Rivarola
Otro punto que desnuda la campaña sucia de ABC Color fue la difusión de información atribuida a un memorando o informe asociado al exfuncionario Fernando Rivarola. En sus respuestas al Senado, el propio BCP explicó que el material remitido por correo electrónico el 10 de julio de 2026 no había ingresado por los canales oficiales correspondientes y señaló que no reunía los requisitos necesarios para presumir su legitimidad y validez como documento institucional.
Este antecedente plantea una cuestión periodística elemental: ¿puede presentarse como una posición oficial un material cuya formalización fue expresamente cuestionada por la propia institución oficial? La respuesta exige, como mínimo, exponer las objeciones del BCP con la misma claridad e intensidad con que se difunden los señalamientos contra el banco.
Las respuestas al Senado
La entrega posterior de documentación oficial al Senado, el 7 de octubre, incorporó nuevos elementos para examinar el caso. Esos antecedentes deben analizarse en conjunto, sin seleccionar únicamente los fragmentos que favorezcan una interpretación parcial y sesgada previamente establecida.
La crítica no consiste en impedir que la prensa investigue a una entidad financiera, ni en desconocer la importancia de la supervisión bancaria. Por el contrario, el control periodístico es necesario, especialmente cuando están en juego depósitos, créditos y la confianza pública. Pero esa función pierde rigor y sobre todo credibilidad cuando se omiten datos relevantes, se confunden procedimientos distintos o se concede mayor peso a declaraciones políticas que a documentos verificables.
En este escenario, la campaña sucia de ABC Color merece ser evaluada a la luz de la cronología completa y de las respuestas del organismo supervisor. Si existen cuestionamientos pendientes, deben exponerse con precisión; si hubo correcciones dentro de los plazos establecidos, también deben ser informadas.
La credibilidad periodística depende de esa distinción. La reiteración de acusaciones no sustituye la prueba, del mismo modo que la existencia de documentos oficiales no elimina la obligación de investigar. El desafío es presentar los hechos sin distorsiones, contrastar todas las versiones y permitir que los lectores formen su propio juicio sobre el desempeño de un banco sistémico y la actuación de sus supervisores.