La investigación tiene como origen las operaciones financieras ilícitas vinculadas al fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El Ministerio Público sostiene que directivos de Atlas habrían participado en operaciones relacionadas con fondos presuntamente desviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En octubre del 2025 fueron imputados varios integrantes del Directorio y, posteriormente, la Fiscalía presentó acusación y solicitó que el caso sea elevado a juicio oral.
El proceso adquirió una nueva dimensión cuando la Justicia habilitó una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento para avanzar con un embargo preventivo sobre fondos del banco Atlas. El banco transfirió USD 718.570, monto reclamado por el Ministerio Público dentro del proceso.
La gravedad institucional del caso radica en que el sistema financiero funciona sobre un activo intangible pero fundamental, la confianza. Un banco no solamente administra dinero, custodia los depósitos de miles de personas, canaliza créditos, procesa pagos y constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales circula el dinero de la economía formal.
Por eso, una acusación de lavado contra directivos de una entidad bancaria puede generar consecuencias que trascienden a los procesados. Puede elevar los niveles de escrutinio sobre la institución, aumentar los costos de cumplimiento, intensificar los controles sobre operaciones y afectar la percepción de riesgo entre clientes, corresponsales y otros participantes del mercado. Recordemos que en esta causa están acusados y con pedido de juicio oral el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), y los miembros del Directorio Celio Tunholi, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
El verdadero riesgo para el sistema financiero
El problema no es simplemente que exista una causa penal contra el presidente y miembros del Directorio de un banco. El verdadero riesgo aparece si el caso es interpretado internacionalmente como evidencia de debilidades estructurales en el sistema paraguayo de prevención y control del lavado de activos.
Las calificadoras no analizan únicamente el crecimiento, la deuda pública o el déficit fiscal. También observan factores institucionales, de gobernanza, sistema financiero, Estado de derecho y riesgos legales. S&P, por ejemplo, incluye expresamente dentro de su evaluación del riesgo país los riesgos económicos, institucionales, del sistema financiero y los vinculados al Estado de derecho.
Por eso, una causa que involucra a una entidad bancaria relevante y a sus principales autoridades puede adquirir una dimensión mucho mayor si se demuestra judicialmente que existieron fallas graves o deliberadas en los mecanismos de prevención del lavado.
La legislación paraguaya establece precisamente que el sistema financiero debe contar con mecanismos destinados a impedir que sea utilizado para legitimar dinero proveniente de actividades delictivas. La Ley Nº 1015/97 regula las obligaciones y procedimientos de prevención del lavado y busca impedir la utilización del sistema financiero para ese propósito.
A esto se suma la responsabilidad del regulador. La Ley General de Bancos establece que las entidades financieras están sujetas a la supervisión del Banco Central del Paraguay y de la Superintendencia de Bancos, mientras que sus autoridades deben reunir condiciones de probidad e idoneidad.
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles del caso Atlas, una acusación penal no equivale a una condena. La responsabilidad deberá determinarse en un proceso judicial con todas las garantías. Pero, al mismo tiempo, la existencia de una acusación formal contra autoridades de un banco obliga a las instituciones de control a evaluar si existen riesgos que puedan comprometer la seguridad, solvencia, gobierno corporativo o reputación de la entidad.
Desafío para la banca matriz
El desafío para el Banco Central no consiste solamente en determinar si hubo o no delito. También implica verificar si los sistemas de prevención funcionaron, si las alertas fueron adecuadamente gestionadas y si los controles internos fueron suficientes para impedir que fondos presuntamente ilícitos ingresaran o circularan por el sistema financiero, algo que, para el Ministerio Público, no fue así.
Para Paraguay, el caso representa una prueba institucional. Si un banco puede ser acusado de haber facilitado operaciones de lavado sin que las estructuras de control detecten oportunamente el riesgo, la pregunta inevitable será si el problema estuvo limitado a una entidad o si existen vulnerabilidades más amplias.
Por ello, la causa Nº 06/2021 trasciende el nombre de Miguel Ángel Zaldívar y de los demás procesados. Lo que está en juego es mucho más grande, es la credibilidad del sistema financiero paraguayo, la eficacia de sus controles contra el lavado de dinero y la capacidad de los organismos reguladores para reaccionar cuando las sospechas alcanzan a una entidad bancaria.
El desenlace judicial determinará responsabilidades individuales. Pero la respuesta institucional al caso determinará algo todavía más importante; cuánto puede confiar Paraguay en sus propias barreras contra el dinero ilícito.
La elevación a juicio oral contra los procesados por lavado de dinero en el caso banco Atlas abrirá la etapa decisiva donde la Justicia examinará las pruebas sobre el esquema de fondos ilícitos. Esta instancia permitirá esclarecer las operaciones financieras sospechosas y determinar la responsabilidad penal de los imputados.