El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, informó este miércoles que el Gobierno avanza en las negociaciones con el sector privado para saldar una deuda acumulada que ronda los USD 1.300 millones. En medio de estas conversaciones, el secretario de Estado fue tajante al aclarar que, de momento, no se contempla una ampliación del déficit fiscal.
“No es un tema que todavía estemos nosotros poniendo sobre la mesa”, mencionó Lovera ante la consulta de si el Ejecutivo apoyaría o presentaría un proyecto de modificación para elevar el tope del déficit en un 1% adicional, llevándolo hasta el 2,5%. Explicó que, actualmente, se están evaluando todas las alternativas posibles antes de tomar una decisión de esa magnitud.
La Ley de Responsabilidad Fiscal y el impacto de la pandemia
El ministro recordó el rol fundamental de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual funcionó como un “ancla” económica desde el año 2012, marcando la trayectoria de la política fiscal del país. Sin embargo, reconoció que eventos extraordinarios obligaron a revisar estos topes al alza en el pasado, citando como ejemplo la pandemia del COVID-19, que llevó el déficit a un 6% en el año 2020.
A pesar de estos antecedentes, Lovera enfatizó que hoy no existen los elementos necesarios para modificar la meta fiscal. “Nosotros hoy no tenemos elementos o no tenemos sincerado lo que va a ser el plan de pago con los afectados; por ende, no hay necesidad ni un plan de modificar el déficit fiscal”, puntualizó.
Capacidad de endeudamiento y estabilidad
Al ser consultado sobre si una eventual elevación del déficit podría significar un mayor endeudamiento y generar inestabilidad financiera, el ministro descartó escenarios alarmistas.
“Yo no quiero hablar de desestabilización financiera hoy”, subrayó Lovera. “El Estado tiene mucha capacidad de endeudamiento, pero ese endeudamiento debe ser utilizado de manera responsable y debe provenir de acuerdos a los que lleguemos con cada uno de los afectados”.
Finalmente, el titular del MEF concluyó que la gestión de estas obligaciones financieras no debe responder a “una solución mágica”, sino a un proceso estructurado y consensuado que proteja la salud macroeconómica del país.