El Instituto de Previsión Social (IPS) intervino el servicio de mastología del Hospital Ingavi tras una denuncia de presunta negligencia médica en una cirugía de cáncer de mama. Una paciente de 62 años sufrió la extirpación del seno equivocado durante un procedimiento realizado el pasado viernes.
El director del centro asistencial, Miguel Ortiz, confirmó la separación inmediata de la médica tratante, María Pérez, y de la jefa del servicio mientras dure la investigación interna.
La Dirección Médica ordenó una auditoría tras detectar irregularidades en las primeras indagaciones sobre el cumplimiento del protocolo de seguridad quirúrgica. Ortiz explicó que se activó un comité de crisis para analizar el desempeño de los seis profesionales que integraron el equipo en quirófano.
La institución busca determinar en qué etapa del proceso falló el sistema de verificación de identidad y sitio quirúrgico conocido como checklist.
Contradicciones sobre la conducta quirúrgica y el diagnóstico
El director del nosocomio sostuvo que, técnicamente, la extirpación de ambas mamas podría estar indicada por la naturaleza de la patología de la paciente. Sin embargo, admitió que existió una falla crítica en la comunicación médico-paciente, ya que la mujer se sorprendió al despertar de la anestesia.
Las autoridades del IPS esperan los resultados de la anatomía patológica para justificar si la intervención sobre el tejido sano fue una decisión clínica o un error de lateralidad.
Miguel Ortiz defendió la gestión del hospital señalando que se realizan más de 1.800 cirugías mensuales con estándares de alta complejidad. Argumentó que un evento adverso de esta magnitud afecta la confianza ganada en los últimos meses mediante el aumento de la productividad quirúrgica.
La paciente, quien inició su tratamiento oncológico en diciembre, continuará recibiendo soporte psicológico y asistencia médica dentro de la red previsional.
Intervención de la Superintendencia de Salud y plazos técnicos
La Superintendencia de Salud inició una auditoría integral e independiente para transparentar el proceso y deslindar responsabilidades legales. El superintendente Roberto Melgarejo informó que un equipo multidisciplinario de siete profesionales se encargará de revisar el expediente clínico y los testimonios del personal involucrado. El informe técnico final será remitido al Ministerio Público y al Consejo de Administración del IPS para las sanciones administrativas correspondientes.
Melgarejo enfatizó que el consentimiento informado es el documento clave que determinará si la paciente autorizó la extirpación bilateral o si fue engañada. El plazo establecido para la entrega de conclusiones es de 30 días, aunque podría abreviarse dada la gravedad del caso.
La auditoría médica no tiene carácter punitivo directo, pero constituye el principal insumo científico para que la justicia ordinaria evalúe posibles condenas por mala praxis.
Recurrencia de fallas graves en el sistema previsional
El caso genera una nueva crisis de credibilidad en el IPS debido a antecedentes recientes de amputaciones erróneas y fallecimientos por presunta negligencia. Referentes de la sociedad civil cuestionaron que los errores en salud se estén normalizando dentro de los hospitales especializados de la previsional.
La auditoría sobre el caso del fallecido Braulio Vázquez ya había revelado más de 30 recomendaciones de seguridad que aparentemente no fueron implementadas en su totalidad.
Finalmente, las autoridades aseguraron que no se encubrirá a ningún profesional si se comprueba que el error fue producto del descuido o la impericia. El sistema de salud se encuentra bajo vigilancia ciudadana mientras se aguarda el cierre de las investigaciones en curso.
Los familiares de la víctima anunciaron que agotarán las instancias legales para garantizar que este tipo de incidentes no queden impunes en el ámbito administrativo.