La presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), la Dra. Lorena Rojas, calificó como un hecho histórico la reciente articulación lograda entre el sector privado y el Ministerio de Salud Pública. Por primera vez en la historia administrativa del país, el tratamiento y la prevención del juego problemático han sido incluidos formalmente dentro de las políticas de salud mental y adicciones. Este acuerdo busca unificar criterios técnicos para enfrentar el crecimiento de la ansiedad y la ludopatía, especialmente en el entorno digital donde la exposición a las pantallas comienza a edades cada vez más tempranas.
En declaraciones para el programa Más temprano que tarde por La Tribu 650 AM, la Dra. Rojas explicó que esta alianza permitirá que la experiencia del sector privado en capacitaciones internacionales se vuelque directamente al servicio público de salud.
El objetivo inmediato es la operatividad de una Comisión Permanente de Integración, donde técnicos estatales y empresarios trabajarán en estrategias de prevención que formarán parte del esquema de trabajo del plan gubernamental “Sumar”, integrando así el juego patológico al mismo nivel de atención que las adicciones a sustancias químicas.
Herramientas de control y el desafío del mercado digital
La iniciativa surge en un contexto donde los operadores legales buscan diferenciarse del mercado ilegal, el cual carece de controles y medidas de protección al usuario.
Rojas enfatizó que, mientras las empresas formales implementan sistemas de autoexclusión y límites de presupuesto definidos por el propio jugador, los sitios clandestinos operan sin validar la identidad de los usuarios. Esta falta de control facilita el acceso de menores de edad a plataformas de apuestas sin ningún tipo de restricción o semáforo de alerta conductual, agravando el riesgo de desarrollar patologías a largo plazo.
La dirigente gremial señaló que Paraguay es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con un dominio web específico, como el “.bet.py” o “.juegolimpio”, que garantice al usuario la seguridad de una plataforma regulada.
Actualmente, de las aproximadamente 28 operadoras legales registradas en el país, solo 19 se encuentran activas, compitiendo de forma desigual contra un mercado ilegal que ya acapara cerca del 70% del negocio. Rojas advirtió que este descontrol no solo afecta la salud pública, sino que reduce la recaudación destinada por ley a la DIBEN.
Trazabilidad financiera y exclusión bancaria
Para 2026, se proyecta la unificación de una base de datos nacional de autoexcluidos, lo que impedirá que una persona con problemas de juego pueda apostar en otros locales habilitados una vez registrada su restricción. Más allá de la salud mental, Rojas denunció la dificultad que representa para los operadores legales actuar dentro del sistema financiero paraguayo debido a una marcada exclusión bancaria. Esta situación impide realizar transferencias internacionales de manera formal, dificultando la adquisición de equipos y restando transparencia a la trazabilidad de las inversiones.
La APOJA solicitó formalmente al Gobierno ser tratados con el mismo respaldo institucional que reciben otros gremios industriales del país.
Con la reciente integración de la Conajzar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), los operadores esperan que el Estado brinde las herramientas necesarias para desarrollar una industria responsable. La meta es consolidar una relación de cooperación que permita al sector no solo ser una fuente de entretenimiento lícita, sino un actor consciente del impacto social de su actividad económica.