La suspensión de actividades de medios de VMedia tiene consecuencias que alcanzan a los trabajadores de prensa y a la ciudadanía que recibe sus contenidos. Así lo advirtió la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) en un comunicado fechado ayer, en el que condenó el cierre de espacios informativos y las prácticas de censura empresarial.
El pronunciamiento sitúa estas medidas entre las derivaciones de la crisis de Ueno Bank. Según la organización, el Grupo Vázquez dispuso la suspensión por 90 días de las actividades de VMedia, que incluía a La Tribuna, Crónica, La Tribu y SuperDepor1120, dejando sin trabajo a 200 trabajadores de prensa.
Detrás de esa cifra, la SCP destacó dos situaciones: jóvenes que recién ingresaban a la profesión y periodistas experimentados que habían renunciado a empleos anteriores para sumarse al grupo. La entidad se solidarizó con las familias y reclamó respeto a los derechos laborales.
La organización también sostuvo que la pérdida simultánea de varios espacios informativos debilita el debate público. Su argumento es que la pluralidad permite a las personas comparar versiones, identificar abusos y formar una opinión propia. Cuando disminuye la variedad de medios, esas posibilidades se reducen.
El comunicado planteó, asimismo, una crítica a los proyectos de comunicación ligados a ambiciones políticas o económicas que no cuentan con suficiente solidez financiera. En esas condiciones, advirtió, el costo de las decisiones empresariales termina recayendo sobre los trabajadores. La SCP atribuyó a VMedia incumplimientos de reglamentos laborales, sin precisar en el texto cuáles serían las disposiciones vulneradas.
El segundo eje del pronunciamiento fue la independencia editorial. La organización recogió denuncias de Carlos Martini sobre el levantamiento de un programa en Canal 13 por críticas a la gestión del entonces presidente Santiago Peña.
Según esa versión, el periodista también recibió cuestionamientos por opiniones y entrevistas realizadas en otra emisora, incluidas conversaciones con figuras de la oposición. La SCP condenó estas prácticas y sostuvo que la censura puede provenir tanto del Estado como de los propietarios de medios.
Para la entidad, condicionar los contenidos a la conveniencia política o económica de una empresa impide que el periodismo cumpla su función de informar a la ciudadanía y controlar al poder.
La reflexión incluyó la responsabilidad de los propios profesionales. El comunicado mencionó cuestionamientos de usuarios a periodistas que defendieron la actividad de Ueno Bank y que, tras su caída, pidieron disculpas y señalaron que habían confiado en información del Banco Central.
La SCP consideró que este episodio obliga a reafirmar la verificación, el contraste de fuentes y la independencia como condiciones del trabajo periodístico. También recordó que los comunicadores no deben actuar como voceros de intereses empresariales o políticos.
El reclamo final se dirigió a empresas, autoridades y profesionales: garantizar autonomía a las redacciones, proteger a quienes quedaron afectados por la suspensión y preservar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y confiable.