La Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) expresó este 10 de noviembre su preocupación por las consecuencias de la crisis de Ueno Bank sobre la libertad de expresión. En un comunicado, cuestionó la suspensión de actividades de medios de VMedia, denunció prácticas de censura empresarial y reclamó respeto a los derechos laborales de los trabajadores afectados.
Según el pronunciamiento, el Grupo Vázquez, vinculado al banco, dispuso una suspensión de 90 días que alcanzó a La Tribuna, Crónica, La Tribu y SuperDepor1120. La organización sostiene que la medida dejó sin trabajo a 200 trabajadores de prensa.
La SCP destacó que entre los afectados hay jóvenes que comenzaban su carrera y periodistas de trayectoria que habían dejado empleos anteriores para incorporarse al conglomerado. Expresó solidaridad con ellos y sus familias, y pidió que las autoridades protejan sus derechos.
El reclamo también apunta a las consecuencias para las audiencias. Para la organización, la interrupción simultánea de varios medios reduce la diversidad de voces y debilita el debate público. Menos espacios informativos significan menos oportunidades para contrastar versiones, conocer perspectivas diferentes y detectar abusos.
El comunicado cuestiona, además, la sostenibilidad de proyectos mediáticos impulsados por intereses políticos o económicos. Plantea que, cuando estos emprendimientos carecen de respaldo financiero suficiente, los trabajadores terminan pagando las consecuencias. También atribuye a VMedia incumplimientos de reglamentos del Ministerio del Trabajo, aunque no detalla las disposiciones involucradas.
Otro punto del pronunciamiento recoge denuncias del periodista Carlos Martini. Según la versión reproducida por la SCP, en Canal 13 se levantó un programa por críticas a la gestión del entonces presidente Santiago Peña. Martini también denunció controles sobre sus opiniones en otra emisora y cuestionamientos por entrevistar allí a referentes de la oposición.
La organización identifica estas prácticas como censura empresarial y advierte sobre sus efectos en el trabajo periodístico. “Cuando un propietario decide qué se puede decir según su conveniencia política o económica, el periodismo deja de servir a la ciudadanía y pasa a servir al poder”, señala.
La SCP también llamó a revisar el ejercicio profesional. Mencionó críticas de usuarios contra periodistas que habían defendido la actividad de Ueno Bank y que, posteriormente, pidieron disculpas y explicaron que confiaron en datos del Banco Central.
Para el gremio, ese episodio reafirma la obligación de verificar información, contrastar fuentes y mantener independencia frente a los intereses de las empresas y de los actores políticos.
El comunicado concluye con tres pedidos: independencia editorial para las redacciones, protección de los trabajadores afectados y un ejercicio profesional guiado por la veracidad y el interés público.