La licencia para ofrecer tecnología 5G exige inversiones y una infraestructura que permita prestar el servicio. Ese cumplimiento está en el centro de las conclusiones de la Contraloría General de la República sobre Nubicom Paraguay SA. El informe final, fechado el 9 de noviembre, recomienda que Conatel examine la procedencia de extinguir la autorización y remita el documento al Ministerio Público.
En las páginas proporcionadas, el análisis jurídico sostiene que no puede darse por acreditado que la empresa haya cumplido, en tiempo y forma, el plan de despliegue del primer año. La observación alcanza aspectos centrales de la licitación: comprobar la inversión y la puesta en funcionamiento de la infraestructura. El documento considera grave la falta de acreditación de esos compromisos.
El razonamiento parte del objetivo del concurso: que la población acceda efectivamente a tecnología 5G. Por eso, el cumplimiento del primer año tiene relevancia sustancial. El informe también señala que la licencia fue concedida con una interpretación flexible de los requisitos, circunstancia que, según el análisis jurídico, exigía una supervisión reforzada y un cumplimiento íntegro y verificable.
La recomendación final encarga al Directorio de Conatel y a sus dependencias competentes adoptar las actuaciones necesarias para determinar si corresponde extinguir la licencia otorgada mediante la Resolución 2635/2025. Si se configura una causal legal, deberá promoverse de oficio el procedimiento administrativo, con una decisión fundada, identificación de los incumplimientos y respeto al derecho a la defensa.
Esto significa que el informe no cancela por sí mismo la autorización. La decisión requiere un procedimiento ante el organismo competente. Su desarrollo deberá establecer los hechos, valorar los fundamentos técnicos y jurídicos y determinar las consecuencias administrativas aplicables. La recomendación coloca esa responsabilidad en Conatel.
El examen también debe alcanzar a las autoridades y funcionarios que participaron en la adjudicación, aprobaron modificaciones tecnológicas o intervinieron en el seguimiento. La Contraloría pide individualizar competencias, decisiones y posibles omisiones. Respecto del MITIC, recomienda remitir antecedentes a los órganos competentes para revisar sus actuaciones bajo la conducción de Gustavo Emigdio Villate Samaniego, particularmente en ciberseguridad.
En el ámbito penal, recomienda enviar el informe final al Ministerio Público como insumo para una investigación en curso que, según el documento, involucra a Nubicom. Esa remisión no equivale a una imputación ni acredita culpabilidad del ministro o de otros funcionarios. Además, exige a la entidad auditada presentar un plan de mejoramiento dentro de los 30 días desde la emisión del informe, con acciones, cronograma y responsables. El seguimiento deberá mostrar qué se corrigió y qué decisiones se adoptaron.