Cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, jornada instituida por la ONU con el propósito de comprometer a los gobiernos a enfrentar la violencia contra el ejercicio informativo y garantizar justicia efectiva en todo el mundo.
El panorama internacional y local continúa siendo crítico. Datos del observatorio de la UNESCO revelan que, entre 2006 y 2024, más de 1.700 periodistas fueron asesinados a nivel global, y cerca de 9 de cada 10 crímenes siguen en la absoluta impunidad. En Paraguay, la realidad replica esta preocupante tendencia, el índice de impunidad en crímenes contra periodistas se mantiene en un 90%.
La situación en Paraguay: agresiones, censura y deudas históricas
Desde 1991 a la fecha, 21 periodistas y comunicadores han sido asesinados en territorio paraguayo, registrándose paralelamente alrededor de 500 episodios de violencia, censura, hostigamiento, agresiones físicas y amenazas dirigidas contra la labor de prensa.
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La problemática persiste en el presente año. De acuerdo con el reporte del Observatorio sobre Violencia contra Periodistas, en lo que va de 2026 se han contabilizado 22 nuevos hechos de violencia, entre los cuales figuran:
- 10 casos de censura
- 4 agresiones o ataques físicos
- 2 amenazas directas
- 1 atentado
Reclamos al Estado: compromisos pendientes del caso Santiago Leguizamón
Al cumplirse diez años de labor coordinada entre gremios de prensa e instituciones públicas, la Mesa para la Seguridad de Periodistas recordó que, pese a ciertos avances, el Estado paraguayo aún incumple mandatos clave fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso “Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay”:
- Aprobación de la Ley de Protección de Periodistas: El proyecto normativo sigue sin ser tratado en el Senado de la Nación, una herramienta institucional fundamental para brindar garantías efectivas al ejercicio informativo.
- Creación del Fondo de Seguridad: Continúa pendiente la conformación de este fondo específico (fijado por sentencia en un monto no inferior a USD 250.000), destinado a la prevención, protección y asistencia a comunicadores víctimas de violencia.
Garantizar condiciones de seguridad física y legal para el trabajo periodístico resulta imperativo para salvaguardar el derecho inalienable de la ciudadanía a recibir información con libertad y transparencia.