El proyecto de investigación denominado “Programa Integral de Salud y Rehabilitación Criminológica en Prisiones: Prevención y Desistimiento Criminal” empezará a implementarse para lograr un cambio en la compleja realidad del sistema penitenciario. Con una duración de tres años, la iniciativa buscará mejorar la salud integral de los internos y lograr que, al salir, no vuelvan a delinquir. Para ello, se apoyarán en evaluaciones médicas y datos concretos.
Uno de los objetivos centrales es crear un nuevo sistema de clasificación de reclusos. Esta herramienta permitirá agrupar a las personas privadas de libertad según su nivel de violencia y el riesgo que representan. Al tener esta información, los jueces podrán tomar decisiones basadas en evidencia al momento de definir el futuro de cada interno.
El cuidado médico directo será otra gran prioridad. Ya arrancaron los diagnósticos para detectar enfermedades, con una alerta especial puesta sobre una fuerte cepa de tuberculosis que circula en los pabellones. Además, se realizarán evaluaciones de salud mental, ya que muchos internos enferman psicológicamente durante su encierro y necesitan tratamiento antes de volver a la calle.
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Capacitación del personal y respaldo financiero
Para que este plan funcione, se buscará formar a quienes conviven a diario con esta realidad. Más de 100 agentes penitenciarios recibirán capacitación en criminología. El doctor Juan Martens, director de la iniciativa, explicó que las enfermedades y la violencia de la cárcel salen a la sociedad a través de guardias y visitas, afectando directamente la seguridad nacional.
Las acciones en el terreno se enfocarán en las prisiones de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, que juntas concentran al 39 % de los reos del país. Allí se instalará un moderno sistema informático que permitirá tener los historiales médicos actualizados y conectados de forma segura con la red de salud pública nacional.
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Este trabajo multicéntrico es liderado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en alianza con la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Para llevarse a cabo, cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del programa PROCIENCIA y el apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), sumando una inversión total de 2.200 millones de guaraníes.