La revisión sigue en curso, mientras avanzan las denuncias y los sumarios para determinar responsabilidades administrativas y penales.
La verificación de los títulos académicos de funcionarios públicos abrió una investigación sobre la documentación presentada para acreditar estudios superiores y acceder a beneficios salariales.
El proceso requiere contrastar los registros de las instituciones estatales con los datos proporcionados por las universidades, a fin de establecer si existen irregularidades y quiénes serían responsables.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, informó que los 1.090 casos detectados corresponden a un relevamiento preliminar. Todavía faltan respuestas de unas 200 instituciones públicas, además de información de universidades privadas, por lo que la cantidad de casos podría actualizarse a medida que avance el análisis.
Lea más: ANEAES exige sanciones ejemplares al CONES por títulos falsos
Denuncias y sumarios
La Contraloría presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunción de hechos punibles relacionados con los títulos cuestionados. Benítez explicó que, cuando una universidad informa que una persona no cursó estudios en esa institución, corresponde investigar las circunstancias y determinar las eventuales responsabilidades.
También comenzaron los sumarios administrativos para analizar las medidas que podrían aplicarse a los funcionarios involucrados. Sin embargo, el contralor aclaró que no todos los casos necesariamente responden a la misma situación, debido a que algunos podrían contar con documentación que respalde sus estudios o a que podrían existir errores en las respuestas institucionales.
Hasta el momento, tampoco existe una estimación del dinero que el Estado habría pagado indebidamente en concepto de bonificaciones o gratificaciones vinculadas con títulos académicos. Cada funcionario será investigado al respecto.
Lea más: TSJE buscará registrar el domicilio de miles de jóvenes para las elecciones del 2028
Control educativo
El contralor Camilo Benítez cuestionó los controles del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y sugirió suspender las habilitaciones hasta reorganizar la institución.
Señaló que hay estudiantes que cursaron carreras no habilitadas y mencionó 146 casos de médicos provenientes de universidades sin habilitación o acreditación obligatoria.
La investigación buscará determinar las responsabilidades de las instituciones educativas y los organismos de control.