La Junta Asesora de Control y Vigilancia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aprobó un convenio interinstitucional con la empresa Atenil SA para regularizar y transferir 30.000 hectáreas a favor de sus ocupantes en la zona de Puerto Casado.
Según informaron desde el Indert, el acuerdo destraba un problema jurídico de tres décadas. Bajo este esquema, el Estado y el sector privado trabajarán de forma conjunta con las familias campesinas, priorizando la ocupación pacífica de las tierras.
La institución presentó el convenio como un modelo de alianza público-privada.
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De acuerdo con su argumentación, los conflictos territoriales prolongados y la inseguridad jurídica en el campo generan costos en la transacción, fuga de capitales y parálisis productiva, con pérdidas que estimó en 2% del producto interno bruto anual.
La medida se enfoca en la nueva ruralidad, ya que, según esa perspectiva, la regularización de las 30.000 hectáreas busca corregir asimetrías y fallas de los mercados rurales.
El objetivo es transformar el “capital muerto” en un activo económico que integre a las comunidades a los circuitos formales, para fortalecer la economía.
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A partir de la ratificación del convenio, la institución comunicó que iniciará los procedimientos técnicos de regularización.
Señalaron además que la cooperación público-privada, el diálogo con el campesinado y la certidumbre jurídica son el motor del desarrollo territorial sostenible.
En noviembre del año pasado se habían entregado los primeros títulos de propiedad a los pobladores de Puerto Casado.