Contraloría audita 1.090 títulos presuntamente falsos en el Estado

Una auditoría impulsada por la Contraloría General de la República detectó 1.090 títulos universitarios presuntamente falsos presentados por 1.082 funcionarios para percibir beneficios salariales. El organismo contralor remitió los antecedentes al Ministerio Público.

| Por La Tribuna
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El contralor general, Camilo Benítez, explicó que el proceso se inició tras detectar títulos universitarios presuntamente falsos presentados por funcionarios.

La Contraloría General de la República (CGR) lleva adelante una amplia auditoría sobre el uso de recursos públicos destinados al pago de bonificaciones profesionales, tras detectar preliminarmente 1.090 títulos presuntamente irregulares o falsificados correspondientes a 1.082 funcionarios de diversas dependencias del Estado.

En estudios de La Tribu 650 AM, el contralor general, Camilo Benítez, explicó que el proceso se inició a partir de inspecciones al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el fin de cuantificar el perjuicio patrimonial generado por el cobro indebido de asignaciones y beneficios por grado académico.

“Pedimos a las instituciones del Estado la lista de sus profesionales y la cotejamos directamente con las universidades. Cuando la facultad nos confirma que la persona nunca estudió allí o que la carrera ni siquiera existe, remitimos automáticamente la denuncia a la Fiscalía, porque se trata de la producción y uso de documentos públicos falsos”, precisó Benítez.

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Alcance del reporte y cruce de datos pendiente

El titular del órgano de control detalló que hasta el momento, el 80% de los casos detectados se concentra en el ámbito del magisterio y funcionarios dependientes del Ministerio de Educación.

Indicó que las cifras actuales provienen de apenas el 40% de las entidades públicas que respondieron al requerimiento de la CGR. Aún queda procesar los datos remitidos por el Poder Judicial, el Congreso Nacional y el Ministerio Público para verificar la situación de magistrados y otros cargos jerárquicos.

El contralor aclaró que cerca de un 10% de los registros remitidos inicialmente por las instituciones públicas podrían contener errores administrativos involuntarios de carga, situaciones que están siendo depuradas junto con las universidades mediante un protocolo de verificación documental.

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La auditoría advirtió además una deficiencia estructural en el nivel superior, con cerca de 800 carreras que funcionan sin la debida certificación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), 140 de ellas pertenecientes al área de ciencias de la salud.

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