Una propuesta legislativa busca abrir oportunidades laborales para las personas privadas de libertad mediante un programa que combine trabajo remunerado, capacitación y preparación para la reinserción social.
La diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional), proyectista de la iniciativa, sostuvo en contacto con La Tribuna que el objetivo es evitar que la prisión se convierta en una condena permanente a la exclusión. “La cárcel le debe servir para que una persona pueda reinventarse en la sociedad”, expresó.
El proyecto plantea habilitar talleres productivos y convenios con empresas privadas dentro de los establecimientos penitenciarios. La participación sería voluntaria y los internos seleccionados podrían adquirir habilidades, certificar competencias y percibir una remuneración no inferior al 70% del salario mínimo vigente, indicó la parlamentaria.
Ingresos se les administrarán y distribuirán
La propuesta también establece que el dinero se administrará en la distribución de los ingresos para cubrir gastos de manutención, apoyar a familiares y destinar recursos a víctimas o acciones de reinserción, entre otros conceptos. El 40% del salario será para alimentación y estadía del interno, 30% para sus familiares, 15% para las víctimas o acciones de reinserción, 10% para sostener el programa y 5% para asistencia social.
Zena explicó que la intención es que el programa se sostenga por sí mismo, sin generar gastos a las arcas del Estado. La implementación requeriría coordinación entre las autoridades penitenciarias, instituciones públicas y empresas que facilitarán las actividades productivas.
Proyecto se está socializando en busca de apoyo
La legisladora reconoció que todavía deben revisarse algunos aspectos. Para ello, anunció que en los próximos días se hará una mesa técnica con representantes del Ministerio de Justicia, en la que se harán ajustes para continuar el trámite legislativo. Por el momento, el proyecto está en etapa de socialización en la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca que el tiempo de reclusión incluya oportunidades concretas de formación y generación de ingresos, con la perspectiva de que cuando recuperen la libertad estas personas puedan sostenerse económicamente.
Analizan habilitar el voto de presos para 2028
Las personas privadas de libertad que estén legalmente habilitadas podrían votar en las elecciones de 2028. Esta posibilidad es analizada por varias instituciones del Estado, con el objetivo de garantizar el ejercicio del sufragio dentro de los establecimientos penitenciarios.
El senador Derlis Maidana (ANR-HC) había presentado el año pasado un proyecto de ley para eliminar los obstáculos que impiden votar a las personas privadas de libertad sin condena. La iniciativa permanece pendiente en el Senado, pese a que informes solicitados a varias instituciones reconocieron el derecho al sufragio de este sector y señalaron dificultades técnicas que deben resolverse.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia trabajan en conjunto para definir los mecanismos que permitirían concretar esta medida.
Entre las alternativas estudiadas figura la eventual instalación de mesas de votación en las cárceles. Para ello, las instituciones deben evaluar las condiciones logísticas y de seguridad, además de establecer procedimientos que aseguren la transparencia del proceso electoral.
El principal desafío consiste en hacer efectivo el derecho al voto de quienes mantienen la habilitación legal, pero encuentran dificultades operativas para participar desde los centros de reclusión.
La privación de libertad no supone, por sí sola, la pérdida automática de todos los derechos ciudadanos. Por eso, la coordinación institucional apunta a identificar las barreras existentes y establecer procedimientos para una eventual votación en los recintos penitenciarios.
Aunque se analiza la posibilidad de implementar este mecanismo para 2028, todavía no existe una decisión definitiva sobre su aplicación en las próximas elecciones presidenciales.