Tener un terreno no siempre significa contar con los documentos que acrediten legalmente la propiedad. En varias comunidades rurales del país, los conflictos por la tierra se prolongaron durante años y dejaron a numerosas familias a la espera de una solución. Tres de esos casos, en Canindeyú, Caazapá y Alto Paraná, registran avances en los trámites para regularizar los lotes.
Uno de ellos es Marina Cué, en Curuguaty, Canindeyú, conocida actualmente como colonia San Óscar Romero. La comunidad quedó marcada por los trágicos sucesos del año 2012 y, años después, comenzó a avanzar en la regularización de sus tierras. En octubre de 2025 se entregaron los primeros 82 títulos de propiedad a familias del lugar.
Más casos de éxito
En Santa Teresa del Manduarã, distrito de Aba’i, Caazapá, la disputa por la tierra se extendió durante más de tres décadas. Las gestiones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) permitieron encaminar negociaciones entre los sectores involucrados. Como parte del proceso, se entregaron los primeros títulos de propiedad a beneficiarios de la Reforma Agraria.
En Santa Lucía, distrito de Itakyry, Alto Paraná, las dificultades jurídicas y administrativas mantuvieron durante más de una década la incertidumbre sobre los lotes. Un acuerdo para ceder 20 hectáreas a favor de familias de la colonia ayudó a destrabar el conflicto.
Otro paso se dio cuando el Registro Unificado Nacional (RUN) habilitó la inscripción de la colonia, lo que permitió reactivar los trámites para regularizar y titular aproximadamente 1.300 lotes.
Familias vuelven a sentir seguridad en su derecho
Contar con el título de propiedad permite a las familias acreditar legalmente sus derechos sobre la tierra y planificar con mayor seguridad el uso de sus parcelas. Sin embargo, los avances registrados en estas comunidades no significan que todos los ocupantes ya tengan sus documentos.
Los casos muestran las dificultades que pueden prolongar los conflictos rurales y el largo camino que deben recorrer las familias hasta contar con seguridad jurídica sobre los terrenos que ocupan.
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