Una resolución judicial en Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa un problema que tiene consecuencias concretas en Paraguay. El fallo fue presentado en redes de manera exagerada como una supuesta legalización del material sexual de menores generado con inteligencia artificial. Sin embargo, el analista de ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar explicó que se trató de una decisión acotada sobre la posesión privada de imágenes ficticias.
El debate en redes surgió a partir de que el 25 de agosto, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la desestimación de uno de los cuatro cargos contra un hombre de Wisconsin que tenía cientos de imágenes sexuales de menores generadas con IA. El cargo descartado correspondía únicamente a imágenes ficticias que no representaban a ningún menor real identificable.
Realidad paraguaya no está lejos
Más allá del caso estadounidense, Gaspar, quien es director de Paraguay Ciberseguro, llamó a mirar la realidad local en Paraguay. Señaló que solo el año pasado su organización identificó más de 200 casos en los que se tomaba el rostro de niñas para crear imágenes o videos de contenido sexual mediante IA. “El 80% de los casos son niñas”, afirmó.
El experto advirtió que la respuesta de los colegios tampoco siempre contempla la gravedad de estas situaciones. “Muchos colegios lo tratan como cyberbullying, pese a que pueden involucrar tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil”, advirtió el entrevistado.
No hay capacidad de investigar tantos casos
A esto se suma una limitación clave para la investigación del Ministerio Público en Paraguay. Gaspar afirmó que existen más de 10.000 casos en espera en la Fiscalía relacionados con abuso sexual de menores, ya sea física o virtualmente mediante producción de videos con IA, y que solo hay cuatro o cinco peritos para todo el país. “Hay carpetas que se atienden y carpetas que se dejan”, sostuvo.
Ante este escenario, planteó avanzar en una respuesta normativa que contemple los riesgos de la inteligencia artificial. En este sentido, mencionó el proyecto de ley de seguridad, que “apenas está incipiente”, la protección de datos personales y la reforma de la Ley 5.356, vinculada a la protección de niños contra contenido nocivo en internet.
Dar el celular es el principio del problema
También apuntó al deber de cuidado de padres, adultos responsables e instituciones educativas. Para el especialista, el acceso temprano a dispositivos y redes expone a los niños y adolescentes a ser víctimas de situaciones de grooming y abuso por parte de adultos, mientras la capacidad de respuesta todavía resulta insuficiente. “Al adquirir un teléfono celular, en ningún lugar usted va a ver que diga que es para uso de un niño, es un dispositivo diseñado para adultos; por lo tanto, cuando los padres dan un celular a un chico, y además con datos para navegar en internet, ellos son los primeros que están cometiendo una irresponsabilidad en la protección de sus hijos”, mencionó Gaspar.