Su tratamiento en particular quedó postergado por ocho días para introducir ajustes.
El diputado Federico “Fredy” Franco, uno de los proyectistas, explicó que la iniciativa busca acelerar los procesos judiciales para hacer efectivo el cobro de la prestación alimentaria. Señaló que existen más de 48.000 causas y que apenas el 2% llega a una condena.
Entre las medidas propuestas se encuentran mecanismos más rápidos de embargo y retención, con la posibilidad de afectar hasta el 50% del salario, además de restricciones para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
Franco sostuvo que el conflicto entre los progenitores no debe terminar afectando a los hijos. “Queremos que se tenga como prioridad el derecho del niño y no las diferencias familiares”, afirmó.
También cuestionó que los hijos sean utilizados como instrumento de presión después de una separación, incluso para impedirles participar de viajes o actividades deportivas, culturales y escolares.
“La culpa no la tiene el niño”, remarcó, al insistir en que el incumplimiento de los adultos no debe comprometer las oportunidades y la calidad de vida de los hijos.