Las auditorías de la previsional revelan falencias de carácter estructural que comprometen tanto a gestiones pasadas como a las últimas en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El director de Auditoría Forense de la Contraloría, Leandro Villalba Baruja, señaló que el pasivo reclamado asciende a más de 10 billones de guaraníes, alcanzando la mitad de la cartera de inversiones, según se destacó durante la transmisión de Tribu Nativa por La Tribu 650 AM.
El vocero institutional detalló que el déficit obliga a utilizar rentas del capital para cubrir compromisos corrientes.
Durante el análisis del pasivo acumulado, la autoridad de control afirmó que “entre el estado y el sector privado le adeudan al IPS más de 10 billones de guaraníes”, advirtiendo que la falta de percepción debilita la contabilidad del ente y compromete las reservas actuariales proyectadas a futuro.
Pagos a fallecidos e ineficiencia en la gestión inmobiliaria
Los cruces informáticos con el Registro Civil delataron erogaciones irregulares de hasta 58.000 millones de guaraníes dirigidos a personas fallecidas. El sistema informático de la entidad presenta errores críticos que contemplan registros de desembolsos proyectados de manera errónea hasta el año 2066.
Paralelamente, la administración de bienes inmuebles registra un lucro cesante estimado en 65.000 millones de guaraníes debido al no cobro de alquileres.
Al evaluar el estado de las propiedades, el auditor explicó que “hay todo un edificio en Ciudad del Este con más de 100 departamentos” donde solo un ocupante paga contrato, generando pérdidas significativas en la recaudación de rentas.
Periodos y gestiones involucradas en las irregularidades
El examen técnico demuestra que la mora patronal arrastra inconsistencias desde el gobierno de Raúl Cubas Grau, mientras que los compromisos estatales datan de 1946.
En tanto, los sobrecostos en licitaciones de obras, contratación de servicios y residuos patológicos salpican a las administraciones comprendidas entre los años 2021 y 2025.
El legajo recopilado por el equipo auditor será remitido al Ministerio Público para determinar la existencia de indicios de lesión de confianza.
Las acciones institucionales buscan deslindar responsabilidades administrativas sobre los patrimonios públicos bajo la supervisión del especialista Leandro Villalba Baruja.