La usura representa un riesgo especialmente fuerte para las familias que viven en zonas vulnerables de Asunción, como los barrios ubicados en la ribera del río Paraguay.
Cuando la gente depende de ingresos diarios y hay pocas alternativas para acceder a crédito formal, una emergencia económica como tener que mudarse debido a la inundación puede convertir a pobladores ya de por sí marginados en presa fácil de quienes ofrecen dinero rápido a cambio de intereses abusivos.
Ante esta situación, la diputada Johana Vega plantea un proyecto que tiene como fin endurecer las penas contra los usureros que operan en esos cinturones de pobreza para combatir esta práctica. La iniciativa cuenta con el asesoramiento del experto en temas laborales Enrique López Arce y busca incorporar al Código Penal una figura específica para los casos de usura cometidos durante una emergencia territorial.
“El aprovecharse de la necesidad es un delito, pero aprovecharse de la necesidad en un momento súper delicado, cuando hay catástrofe, es todavía más grave”, sostuvo López Arce.
Se trata de proteger al trabajador
El escenario puede volverse más delicado cuando las familias deben enfrentar una emergencia relacionada con la suba del agua. Una persona que vive del día a día puede necesitar dinero para trasladarse, alquilar temporalmente otro lugar o cubrir gastos básicos mientras atraviesa una situación de inundación. Es justamente esa urgencia la que puede ser aprovechada por los usureros.
El especialista en temas laborales explicó que en países como Chile, Colombia y Argentina ya se impulsa una figura vinculada a la usura durante situaciones de emergencia. “No hay que inventar la rueda, hay que ver nomás lo que están haciendo y se le protege al trabajador”, señaló.
Actualmente, el artículo 193 del Código Penal ya sanciona la usura. Establece una pena privativa de libertad de hasta tres años o multa para quien, explotando la necesidad o inexperiencia de otra persona, obtenga una contraprestación evidentemente desproporcionada. La pena puede aumentar hasta diez años cuando el hecho produce la indigencia de otra persona o se obtienen beneficios usurarios mediante pagarés o cheques.
Lo que se pretende ahora es agregar un tercer enunciado al artículo para contemplar específicamente la usura por emergencia nacional o territorial, modalidad que actualmente no figura de manera expresa en la norma.
Plantean darle más impulso al crédito formal
La propuesta contempla realizar audiencias públicas para discutir las eventuales penas y el fortalecimiento del crédito formal como alternativa.
La preocupación adquiere especial relevancia ante las inundaciones que podrían afectar nuevamente a sectores de la capital durante los próximos meses.
El debate abre así una discusión sobre cómo actuar antes de que una emergencia económica deje a más trabajadores sin margen para afrontar sus necesidades inmediatas.