El fiscal Luis Piñánez explicó para La Tribu 650AM que la imputación a cinco personas en el caso conocido como la “mafia del asfalto” es producto de una investigación en la que se reveló el método con el que utilizaron los recursos de la Municipalidad de Asunción para beneficiar a un predio privado.
El esquema, al que el fiscal califica como “una gavilla aceitada”, consistía en el uso de vehículos, maquinarias y asfalto de la comuna para pavimentar el estacionamiento de una firma ubicada en el barrio Sajonia, de Asunción.
Los trabajos fueron realizados el 11 de julio pasado, en los que se desplegó una cuadrilla de diez obreros, con una retroexcavadora, una terminadora asfáltica y una compactadora de asfalto.
En total, unas 74 toneladas de asfalto que fueron desviadas se facturaron por un monto de G. 100 millones aproximadamente a nombre de AP Construcciones - Obras Viales, que no tenía dirección física.
El fiscal manifestó para el programa Espresso Informativo que la investigación continúa para determinar el alcance de los hechos y la posible participación de otros funcionarios.
La hipótesis principal es que los imputados cometieron apropiación de bienes públicos, un delito que prevé penas de 6 meses a 5 años de prisión.
La empresa que recibió estos servicios era Cóndor S.A.C.I., que emitió un comunicado deslindando responsabilidades y asegurando que el contrato fue de “buena fe” con un proveedor independiente.
Los procesados son Antonio Prieto Cane, Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo, Derlis Rubén Largo y Lilian Ramona Benítez Ortiz, cuatro de ellos funcionarios de la Dirección de Vialidad. La mujer imputada es la esposa de uno de los implicados y habría cobrado el cheque por los trabajos.
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