La investigación del Ministerio Público avanza sobre 525 casos vinculados con documentos académicos no auténticos que llegaron a ser registrados ante el MEC. La fiscala Teresa Sosa explicó en La Tribu 650 AM que la pesquisa apunta a reconstruir cómo se obtuvieron y asentaron esos documentos, además de determinar quiénes intervinieron en cada procedimiento.
El estudio comprende tres líneas de análisis, “una se concentra en funcionarios del MEC, otra en las personas que aparecen como beneficiarias de los documentos y la tercera en directores o responsables de institutos de enseñanza superior”, dijo la fiscala.
También verifica si quienes aparecen como titulares de los documentos cursaron efectivamente las carreras y si las instituciones estaban habilitadas. De los 525 casos, 144 ya fueron remitidos al MEC para que se adopten las medidas administrativas correspondientes.
Entre los involucrados figuran docentes, funcionarios y particulares. La mayoría de los documentos analizados corresponden a licenciaturas en Ciencias de la Educación. Las matrículas vinculadas serían canceladas.
Registro oficial
Uno de los principales objetivos es establecer cómo los documentos cuestionados llegaron al registro oficial. Sosa explicó que el mecanismo debe analizarse según dos etapas. Hasta 2012, el registro se realizaba de manera manual, mientras que desde ese año el procedimiento pasó a sistemas informáticos. “Antes del 2012, todo el registro era manual y desde el 2012 en adelante a través de los sistemas informáticos”, precisó.
En cuanto a las instituciones de enseñanza superior, Sosa confirmó que en uno de los casos una universidad fue utilizada sin su conocimiento, se habría usado su nombre y membrete, por lo que fue considerada víctima. Las demás instituciones mencionadas en la investigación continúan bajo análisis.
Dos grupos entre los beneficiarios
La Fiscalía distingue entre quienes “habrían comprado títulos sabiendo que no cumplían los requisitos y quienes aseguran haber sido engañados por institutos”. Estos últimos pagaron matrículas, cuotas, tesis y registros, pero recibieron documentos falsos. Los casos se concentran en San Pedro, Caaguazú y Alto Paraná. Como prueba, las víctimas pueden aportar comprobantes de pago, trabajos académicos, fotografías con compañeros, entre otros.
El caso tiene una vía penal y otra administrativa. El MEC puede actuar una vez comprobada la falsedad de los documentos, sin esperar el cierre de la causa penal. Los responsables se exponen a penas de seis meses a siete años si existe concurso de hechos punibles.