El valor del guaraní cambia según el lugar donde se lo utilice. Es la lengua de la familia, de la confianza, del humor y de buena parte de la vida comunitaria. Pero al atravesar la puerta de una universidad, una oficina pública o determinados espacios profesionales, el castellano suele ocupar el lugar de la formalidad, el conocimiento y la autoridad.
La contradicción está en el centro del bilingüismo paraguayo. El guaraní es hablado por una mayoría, reconocido como lengua oficial y celebrado como parte fundamental de la identidad nacional. Sin embargo, esa valoración colectiva no siempre se traduce en igualdad para sus hablantes.
Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025, el 27,9% de la población de cinco años y más —1.587.817 personas— utiliza principalmente guaraní en su hogar. Otro 38,7%, equivalente a 2.204.477 personas, habla tanto guaraní como castellano. En conjunto, el 66,6% de la población considerada por la encuesta utiliza guaraní, solo o acompañado del castellano, en su vida doméstica.
El castellano es el idioma principal del 30,9%. Los datos no incluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, las comunidades indígenas ni las viviendas colectivas, una limitación importante al momento de describir toda la diversidad lingüística del país. Las cifras fueron publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.
La pregunta, por lo tanto, ya no es si el guaraní se habla. La pregunta es cuánto vale socialmente cuando se lo compara con el castellano.
Iguales en la ley
El marco legal paraguayo no deja demasiado espacio para la ambigüedad. La Ley 4251 de Lenguas establece que ninguna persona puede ser discriminada o menoscabada por el idioma que utiliza. También reconoce el derecho a comunicarse con funcionarios públicos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, recibir información oficial en ambas, acceder a servicios estatales bilingües y utilizar guaraní o castellano ante la administración de Justicia.
La misma normativa dispone que una persona tiene derecho a recibir educación formal en su lengua materna desde el inicio del proceso escolar. Para los ciudadanos indígenas, reconoce además el derecho a conocer y utilizar la lengua propia de su pueblo.
En otras palabras, el derecho lingüístico no consiste solamente en permitir que alguien hable guaraní. Obliga al Estado a estar preparado para escuchar, responder, enseñar y prestar servicios en esa lengua. El texto completo puede consultarse en la Ley de Lenguas publicada por la Secretaría Nacional de Cultura.
El problema aparece al comparar esa igualdad jurídica con la distribución social de los idiomas. Un diagnóstico de la Secretaría de Políticas Lingüísticas sobre 212 instituciones públicas, que en conjunto representaban a más de 183.000 funcionarios, encontró una situación de diglosia: el guaraní tenía una presencia importante en la comunicación oral, pero el castellano conservaba el dominio de los documentos, las comunicaciones formales y la administración.
El propio estudio describió al castellano como la variedad utilizada en los ámbitos formales y de prestigio, mientras el guaraní permanecía restringido principalmente a la oralidad y a determinadas relaciones sociales. El informe puede consultarse en la investigación sobre el uso del guaraní en la función pública.
La diferencia es fundamental. Una institución puede tener funcionarios que conversen en guaraní con el público y, al mismo tiempo, exigir que los formularios, expedientes, evaluaciones y respuestas se realicen exclusivamente en castellano. El idioma es aceptado para hablar, pero no necesariamente para decidir, dejar constancia o producir conocimiento.
La vergüenza que pasa de una generación a otra
La desigualdad lingüística también se reproduce dentro de las familias. Algunos padres y madres que crecieron hablando guaraní decidieron comunicarse en castellano con sus hijos. La decisión puede responder al deseo de facilitar su escolarización, evitarles burlas o brindarles mayores posibilidades de ascenso social.
Un informe sobre derechos lingüísticos publicado por Codehupy en 2021 recoge experiencias de personas adultas que asociaban el guaraní con situaciones de discriminación, maltrato y exclusión sufridas dentro y fuera del país. Una de las consecuencias señaladas era la interrupción de la transmisión familiar: adultos que dominaban el idioma, pero preferían no enseñarlo a sus hijos para evitar que atravesaran las mismas dificultades.
El documento no constituye una medición estadística de ese comportamiento. Sus casos tienen un valor testimonial e ilustrativo. Pero permiten observar una forma de discriminación más profunda que un insulto o una prohibición: conseguir que una persona llegue a considerar que transmitir su lengua puede perjudicar a sus hijos. El informe se encuentra disponible en el capítulo sobre derechos lingüísticos de Codehupy.
La vergüenza lingüística no aparece espontáneamente. Se aprende cuando una forma de hablar está relacionada de manera sistemática con la ignorancia, la ruralidad o la pobreza, mientras otra se vincula con la educación, el empleo profesional y la autoridad.
Así se produce una paradoja: una persona puede declarar que ama el guaraní como símbolo nacional y, al mismo tiempo, evitar utilizarlo en una entrevista laboral, frente a una autoridad o durante una exposición universitaria.
Hablar guaraní, ascender en castellano
El idioma no produce pobreza ni determina por sí solo la posición social. Sería incorrecto afirmar que una persona tiene menos ingresos o educación a causa del guaraní.
Lo que existe es una relación histórica entre lengua, territorio, acceso educativo y distribución del poder. El guaraní tiene mayor presencia en áreas rurales y sectores populares, mientras el castellano ha dominado durante décadas la escolarización formal, la burocracia, las profesiones universitarias y las relaciones con las autoridades.
Una investigación publicada en 2026 por la revista científica Kera Yvoty analiza cómo la discriminación contra el guaraní fue transformándose a lo largo de diferentes periodos históricos. Aunque la prohibición abierta perdió legitimidad, la desigualdad puede sobrevivir en la asociación entre castellano, prestigio y movilidad social. El estudio también observa el crecimiento del bilingüismo y del castellano frente al guaraní como única lengua del hogar. El artículo está disponible en el portal de revistas científicas de la Universidad Nacional de Asunción.
La desigualdad aparece cuando el acceso efectivo a la educación, la Justicia, la salud o un empleo exige dominar el castellano, aunque la ley diga que las dos lenguas tienen el mismo valor. Una persona monolingüe guaraní no enfrenta solamente una dificultad de traducción. Puede encontrarse en desventaja para comprender un documento, completar un trámite, explicar con precisión un problema o defender sus derechos. En esos casos, la jerarquía lingüística se convierte en una desigualdad material.
El castellano funciona como un capital adicional: abre puertas institucionales que el guaraní, pese a su oficialidad, no siempre abre por sí solo.
El jopará no es un guaraní defectuoso
Entre las categorías rígidas de “guaraní” y “castellano” se encuentra la experiencia cotidiana de una parte importante de la población: alternar, combinar y adaptar ambos idiomas.
La categoría utilizada por el INE —personas que hablan guaraní y castellano en el hogar— no puede traducirse automáticamente como población hablante de jopará. La encuesta identifica los idiomas utilizados, pero no analiza cómo se combinan durante una conversación.
Aun así, la expansión del uso bilingüe obliga a mirar el jopará sin considerarlo una deformación o una muestra de desconocimiento. Puede ser una expresión natural de la sociedad paraguaya y una herramienta para circular entre diferentes espacios sociales.
También puede mostrar la asimetría existente. La mezcla es aceptada en la conversación cotidiana, mientras el castellano continúa imponiéndose en los registros técnicos, jurídicos y administrativos. El problema no es que una persona combine idiomas, sino que deba abandonar uno de ellos para ser considerada profesional, educada o competente.
Ser indígena no significa necesariamente hablar guaraní
La discusión necesita una distinción adicional. Guaraní paraguayo, pueblos guaraníes y lenguas indígenas no son expresiones equivalentes.
El IV Censo Nacional Indígena 2022 registró 140.049 personas indígenas pertenecientes a 19 pueblos y cinco familias lingüísticas. La familia guaraní es la más numerosa, con 76.506 personas, pero incluye pueblos con identidades y variedades lingüísticas propias, como los Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Paĩ Tavyterã y Guaraní Occidental.
Pertenecer a la familia lingüística guaraní no significa necesariamente hablar el mismo guaraní utilizado mayoritariamente por la población no indígena.
El Censo encontró que el 49,7% de la población indígena de cinco años y más utilizaba principalmente guaraní, mientras el 48,6% empleaba una lengua indígena. Los resultados completos pueden consultarse en el informe final del Censo Indígena 2022.
El guaraní paraguayo puede funcionar como lengua de comunicación entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad. Pero su presencia mayoritaria en determinadas comunidades también obliga a investigar si las lenguas propias están siendo transmitidas o sustituidas.
La Ley de Lenguas establece que el Estado debe apoyar la supervivencia y funcionalidad de las lenguas indígenas. Por eso, una política que promueva solamente el guaraní paraguayo no necesariamente protege toda la diversidad lingüística nacional.
Para una persona aché, nivaclé, enlhet o ayoreo, recibir atención estatal en guaraní puede representar una barrera semejante a recibirla exclusivamente en castellano. La verdadera inclusión exige reconocer cuál es la lengua de cada persona y evitar que el bilingüismo nacional oculte a los demás idiomas del país.
El derecho a no cambiar de lengua
El guaraní ha conquistado reconocimiento constitucional, legislación, enseñanza formal y una presencia pública que le fue negada durante buena parte de la historia. Esos avances son reales.
Pero una lengua no alcanza la igualdad solamente porque una ley la declare oficial o porque sea utilizada en discursos, canciones y celebraciones. La igualdad se concreta cuando sus hablantes no necesitan cambiar de idioma para ser atendidos, comprender un documento, ingresar a una universidad, conseguir trabajo o ser considerados capaces.
También se concreta cuando una familia puede transmitir el guaraní sin sentir que está limitando el futuro de sus hijos. Y cuando un pueblo indígena puede conservar su propia lengua sin que el castellano o el guaraní paraguayo se conviertan en requisitos para relacionarse con el Estado.
Paraguay no tiene un problema por hablar más de una lengua. Su desafío es que esas lenguas todavía no tienen el mismo poder. La brecha ya no se encuentra en el reconocimiento legal. Está en los lugares donde el guaraní puede ser hablado, pero todavía no alcanza para estudiar, ascender, decidir o ejercer plenamente un derecho.