La Justicia paraguaya reforzó la protección de los grupos ayoreos, más específicamente del subgrupo totobiegosode, que permanecen en aislamiento voluntario en el Chaco. El juez penal de Garantías Nº 10 de la capital, Marcelo Saldívar, dio trámite a un amparo promovido por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y dispuso medidas urgentes para evitar acciones que puedan derivar en un contacto no deseado de estos nativos.
La resolución prohíbe ingresar, buscar, localizar, seguir o sobrevolar las zonas donde podrían encontrarse personas en aislamiento voluntario. También impide instalar dispositivos de monitoreo y ordena retirar cámaras trampa u otros equipos que se encuentren en el área protegida. A esto se suma la prohibición de publicar o difundir material audiovisual que permita identificar o localizar a los indígenas aislados.
Protección al ayoreo viene de CIDH
El asesor jurídico del Indi, Juan José Mallada, explicó a La Tribuna que la obligación de proteger a estos grupos no nació con el conflicto reciente. En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor del pueblo ayoreo y estableció que el Estado paraguayo debía adoptar acciones para evitar contactos que esta comunidad no desea tener.
El pueblo ayoreo está conformado por cinco subgrupos, entre ellos los totobiegosode, y algunos mantienen por cultura la decisión de vivir sin contacto con la sociedad. Algunos nativos que sí pudieron dar sus testimonios al Indi, recalcaron que sus familiares no querían abandonar ese modo de vida.
Como parte de las obligaciones de protección territorial, el Estado transfirió unas 140.000 hectáreas en el Chaco. Sin embargo, la alerta volvió a surgir ahora, luego de que dirigentes ayoreos manifestaran su preocupación por la presencia de un ciudadano estadounidense Nathan Pratt Seastrand, quien instaló cámaras trampa en zonas del Chaco y difundió registros de los nativos sin autorización. En un video publicado en sus redes sociales, el hombre sostuvo que sus dispositivos tenían como finalidad principal monitorear fauna silvestre y negó haber buscado contacto con grupos aislados.
Siempre debe realizarse consulta previa e informada
Mallada aclaró que el Indi no pretende impedir que una persona realice actividades audiovisuales, pero señaló que cualquier proyecto que pueda afectar a comunidades indígenas debe someterse a un proceso de consulta previa, libre e informada. Según indicó, ese procedimiento no fue realizado en este caso.
Además, aseveró que en ningún momento Nathan Pratt Seastrand intentó conversar con autoridades del Indi. “Él dice que vino al instituto, pero no habló con ningún funcionario y no utilizó los canales establecidos para dialogar”, contó el asesor jurídico.
Las medidas ordenadas por el juzgado tienen carácter cautelar y el proceso de amparo continúa. También se dispuso preservar el material digital y audiovisual relacionado con los hechos. El objetivo es evitar que registros o acciones comprometan la ubicación, integridad física y supervivencia cultural de quienes decidieron permanecer aislados.