La Municipalidad de Villarrica atraviesa una crisis financiera luego de la gestión del exintendente Magín Benítez (PLRA), con una deuda que supera los G. 5.000 millones y una serie de cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos. Ante este escenario, la Junta Municipal aprobó por unanimidad un pedido de informe para determinar el alcance real del perjuicio económico.
Los 12 concejales municipales, de bancadas coloradas y liberales, solicitaron al intendente interino Ovidio Cuevas (ANR) avanzar con las denuncias ante los organismos de control, una vez que se cuente con los elementos necesarios.
“Quieren tapar algo que no se puede, como dijo el concejal Saúl Marecos, está la cuenta. No vamos a hacer populismo queriendo defender lo indefendible, porque la realidad que nos tocó en esta administración tiene nombre y apellido: Magín Benítez”, expresó uno de los concejales durante la última sesión.
El funcionario sostuvo que la administración anterior debe presentar los documentos que respalden los gastos ejecutados. “Tiene que responder con documentos, pero no lo hace. Estamos sacando en limpio para saber cuál es el perjuicio económico total”, expresó Vicente Benítez, asesor financiero del intendente interino Ovidio Cuevas (ANR) quien asumió tras la denuncia de Magín Benítez (PLRA). El liberal dejó el cargo para ocuparse de su campaña con miras a la reelección, ya que volvió a postularse para el cargo de intendente.
Manejos poco claros de Caja de Jubilaciones
Entre las principales observaciones figura un faltante superior a G. 2.200 millones correspondiente a aportes a la Caja de Jubilaciones. Según los cuestionamientos, el 10% descontado del salario de los funcionarios no habría sido transferido a la entidad previsional.
A esto se suma la deuda salarial con los trabajadores municipales, quienes no percibieron los haberes correspondientes a junio y julio.
En entrevista con La Tribuna, Vicente Benítez mencionó como ejemplo una refacción de aulas, donde, según indicó, se habrían destinado G. 540 millones, pero no existen documentos respaldatorios suficientes. También cuestionó las compras de materiales para bacheo, mientras persisten los problemas de mantenimiento vial. “Se gastó, pero no se ve el resultado en la ciudad”, señaló.
Contraloría está auditando la Municipalidad
Nos contó además que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) rechazó procesos vinculados a obras como la terminal de ómnibus y la restauración del Teatro Municipal, debido a deficiencias técnicas e incumplimientos detectados.
Actualmente, la Contraloría General de la República está auditando la municipalidad y la Junta aguarda los resultados de esta auditoría para hacer una denuncia ante la Fiscalía.
Desde la comuna sostienen que el objetivo es transparentar las cuentas y determinar si existieron responsabilidades administrativas, o incluso penales.