Tras la imputación fiscal de los ex presidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Batalgia y Jorge Brítez por lesión de confianza, junto a otros funcionarios, el presidente del ente, doctor Isaías Fretes y su equipo jurídico, manifestaron en conferencia de prensa que esta nueva administración presentó todas las documentaciones requeridas por el fiscal Julio Ortíz, encargado de la investigación.
El asesor jurídico del IPS, Pablo José Morínigo aseguró que la institución entregó toda la documentación requerida por el Ministerio Público para la imputación de exautoridades y calificó de histórica la mencionada imputación que ocasionó a a institución un perjuicio patrimonial de G. 61.000.000.000.
“La Fiscalía tuvo en todo momento la colaboración de esta administración para la provisión de los documentos. Estos documentos sirven de base para la imputación”, explicó.
Indicó además que actualmente, son 3 o 4 funcionarios activos fueron imputados en el proceso, sobre los mismos anunció medidas internas y un sumario administrativo.
El asesor jurídico indicó que la institución presentará querella adhesiva contra los imputados, además de pedir el embargo preventivo de los bienes hasta cubrir la suma de G. 61.000.000.000.
Una de las imputadas, Rosa Concepción Colmán, miembro de la dirección jurídica del IPS en la administración de Vicente Bataglia, fue detenida sobre las calles Eduardo Víctor Haedo y Nuestra Señora de la Asunción.
Los otros imputados son: los exgerentes de Logística y Abastecimiento Hugo Aranda y Jaime Caballero. Además, los exdirectores de Mantenimiento, José Raúl Coronel y Verónica Alexandra Blanco; los exdirectores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Juan Villar y Marcelo Bordón; y la asesora jurídica Rosa Colmán, detenida hoy.
Según la imputación fiscal, el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho a raíz de la denuncia realizada por la Agente Fiscal Silvia González, la cual comunicó en fecha 01 de abril de 2024, mediante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de donde se desprenden presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N° 4 al Contrato N° 6/2020, la cual se encontraba condicionada y supeditada a la resolución de la Adenda N° 3, que presentaba observaciones no subsanadas, relacionadas con modificaciones de plazo, lugar, condiciones de prestación, condiciones de pago infringiendo lo establecido en el Art. 63 de la Ley n° 2051/03 que regula el Sistema de Contrataciones del Sector Público, del cual resultó como víctima el Instituto de Previsión Social.
En el marco del llamado, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas mediante una investigación sobre presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato N° 6/2020, concluyó que, durante la ejecución del contrato y, con base al análisis de los antecedentes del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N.° 143/2019 para el Reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Hospital Central del IPS, el cual fue adjudicado a la firma Neighpart S.A. G. 53.000.000.000; se habrían declarado inobservancias con respecto a la emisión de adendas que violaban lo establecido en el Art. 631 de la Ley n° 2501/03, por la que se habrían otorgado plazos y pagos no justificados.
El Instituto de Previsión Social, remitió al Ministerio Público, copia de la Auditoría Interna llevada a cabo, a los efectos de determinar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en el proceso licitatorio y de ese modo deslindar responsabilidades.
En ese sentido, el Ministerio Público realizó un análisis de toda la documentación remitida, tanto por la DNCP. como por el Instituto de Previsión Social, por lo que se tiene que mediantes la suscripción de las Adendas, los funcionarios Vicente Mario Bataglia Araujo, Hugo Aranda, Juan Manuel Villar López, José Raúl Acosta, Rosa Colman, Jorge Magno Britez Acosta, Jaime Joel Caballero, Marcelo Rubén Bordón y Verónica Alexandra Blanco Bogado, que ejercían funciones de Administración, control, dirección y disposición respecto del patrimonio del Instituto de Previsión Social comprometidos en la Ejecución del Contrato N° 6/2020, habrían otorgado plazos y actas de recepción a los efectos de que la firma Neighpart S.A. siguiera cobrando a sabiendas que la ejecución del contrato no podría llevarse a cabo debido a la falta de planeamiento y evaluación previa de la Infraestructura Edilicia, en donde se pretendía realizar el reacondicionamiento e Instalación de Quirófanos Modulares.
Asimismo, conforme a la Auditoría Interna del IPS., se tiene que los funcionarios citados más arriba, a raíz de su falta de gestión en tiempo oportuno de la suspensión contractual, ante la inminente imposibilidad del cumplimiento contractual, debido a la falta de liberación de la zona en la que se debía de realizar los trabajos, los mismos siguieron emitiendo adendas desordenadas con actas de recepción, permitiendo pagos no justificables a la firma Neighpart S,А., ocasionando un perjuicio patrimonial al Instituto de Previsión Social de G. 61.000.000.000 aproximadamente