La protección de los bosques ya no puede limitarse a responder después del daño. Con esa premisa, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) apunta a fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción frente a casos de tala ilegal y transformación irregular de áreas boscosas.
El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, señaló a La Tribuna que el desafío requiere de herramientas que permitan detectar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna. La estrategia, explicó, no solo busca evitar los desmontes, sino también aplicar duras medidas cuando existen infracciones.
En Paraguay, las responsabilidades varían según el lugar donde ocurra la intervención. En zonas urbanas, la protección del arbolado está regulada por la Ley N.º 4.928/2013, que establece la necesidad de autorización municipal para la tala de árboles. En áreas rurales o forestales, la regulación corresponde principalmente a la Ley N.º 422/1973, bajo la autoridad del Instituto Forestal Nacional (Infona), que controla el aprovechamiento de los recursos forestales. También se cuenta con la Ley 716, que sanciona delitos contra el medioambiente.
Reforestación es una práctica indispensable
De Barros Barreto remarcó que el desarrollo productivo debe avanzar acompañado de la protección de los bosques, el agua y los suelos, así como las prácticas de reforestación.
Las sanciones previstas pueden alcanzar montos elevados. La Ley N.º 716/1996 establece, para quienes realicen tala o quema de bosques que provoquen un daño grave al ecosistema, multas de entre 500 y 2.000 jornales mínimos, además de otras responsabilidades penales previstas en la legislación ambiental.
En otro orden, destacó además la incorporación de herramientas como los sistemas de monitoreo satelital y otros mecanismos de seguimiento que permiten mejorar la capacidad de respuesta del Estado.
El objetivo, afirmó el ministro, es consolidar una política ambiental basada en la prevención, el control y el cumplimiento intransigente de las normas, para proteger los recursos naturales sin frenar el crecimiento productivo del país.