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Buscan cerrar brechas que generan pagos indebidos y cuidar fondos

El Consejo de Administración del IPS analiza un reglamento para detectar, recuperar y evitar desembolsos indebidos a jubilados fallecidos y pensionados que acceden a beneficios que ya no corresponden. La medida busca proteger los recursos institucionales.

| Por La Tribuna
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Actualmente el IPS procesa más de 90.000 jubilaciones y pensiones, además de unos 560.000 certificados de reposo al año.

El Instituto de Previsión Social (IPS) busca cerrar una brecha administrativa que generó pagos indebidos y ahora prepara un reglamento para ordenar los procesos de control y recuperación de beneficios abonados a personas que ya no tenían derecho a recibirlos.

La gerenta de Prestaciones Económicas, Vanesa Cubas, explicó ante el Consejo de Administración que el objetivo no es aumentar la recaudación, sino “proteger el patrimonio institucional” y garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con los requisitos.

Más de USD 700 millones anuales en pago de beneficios

El IPS procesa más de 90.000 jubilaciones y pensiones, además de unos 560.000 certificados de reposo al año, dentro de una estructura que ejecuta cerca de USD 700 millones anuales. En ese volumen de operaciones, existen pagos que continúan por falta de actualización inmediata de datos.

Uno de los casos está relacionado con jubilados o pensionados fallecidos. Debido al calendario de pagos, una persona puede cobrar el mes completo y fallecer días después, generando un monto que luego debe ser reclamado.

Para mejorar este control, el IPS impulsa cruces de información con el Registro Civil, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de Salud y el Mitic, con el objetivo de depurar sus bases de datos.

Serán más rigurosos con subsidios a corto plazo

El reglamento también contempla subsidios, como reposos médicos. Si un asegurado recibe una licencia por 90 días, pero retorna antes a sus funciones, la institución busca establecer mecanismos para recuperar montos abonados de más.

La propuesta fue analizada por el Consejo de Administración, que pidió incorporar en ocho días el dictamen de la Dirección Jurídica antes de la aprobación definitiva. El planteo surge tras consultas de la Contraloría General de la República sobre procedimientos para recuperar pagos indebidos.

La intención es pasar de una lógica reactiva, centrada en recuperar fondos después del error, a un sistema preventivo que permita identificar previamente quién mantiene vigente el derecho a recibir un beneficio.

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