Walter Laguardia, encargado de la Dirección de Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social(IPS), confirmó la apertura de un proceso de fiscalización física y documental en la previsional.
Las investigaciones preliminares apuntan a esclarecer el almacenamiento prolongado de costosos equipamientos tecnológicos adquiridos por administraciones pasadas.
Las desprolijidades administrativas detectadas obligaron a reestructurar los equipos de control para realizar una verificación profunda de los expedientes comerciales de compra pública.
Deficiencias graves en planificación licitatoria
Los primeros análisis de los legajos aduaneros y comerciales expusieron fallas severas en la estructuración de los proyectos institucionales de modernización.
Las evaluaciones técnicas sobre los recursos financieros provienen del programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM. La dirección de control interno detectó contenedores cerrados con dispositivos de generación de energía que nunca ingresaron al patrimonio activo de la entidad.
Las adquisiciones de insumos médicos carecieron de estudios previos de factibilidad estructural provocando un millonario perjuicio al erario de la previsional.
Desvío patrimonial en paneles solares
El acopio de los sistemas de captación fotovoltaica se mantuvo oculto en depósitos periféricos desde el periodo fiscal 2020.
El daño económico preliminar investigado supera la cifra de USD 1.000.000 por la compra de materiales que permanecen totalmente en desuso.
Las auditorías anteriores emitieron doce observaciones específicas que fueron ignoradas sistemáticamente por los directores ejecutivos que lideraron las dos gestiones precedentes.
Las autoridades actuales ordenaron la apertura de expedientes sumarios para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes.
Errores de infraestructura en quirófanos
La adquisición de módulos quirúrgicos de alta complejidad tropezó con la inexistencia de espacios físicos aptos para su montaje logístico. Las planificaciones originales pretendían instalar las salas de operaciones en el piso 7 del edificio hospitalario central de la institución.
Los diagnósticos de ingeniería civil posteriores demostraron que la estructura seleccionada presentaba grietas y fallas estructurales graves de construcción. Las decisiones de emergencia para trasladar las dependencias a la planta baja fracasaron por las condiciones inestables del terreno.
Trabas de seguridad con el Banco Central
La construcción de una subestación eléctrica interna quedó paralizada debido a la falta de previsiones sobre la delimitación de franjas de seguridad. Los planos de cableado de alta tensión proyectaban el paso subterráneo de los conductores por debajo de las propiedades civiles vecinas.
La intendencia del Banco Central del Paraguay rechazó la autorización de las obras debido a la cercanía con la bóveda principal.
Las deficiencias regulatorias impidieron la provisión energética y extendieron el congelamiento de los equipamientos tecnológicos por 6 años.
Remisión de informes a fiscalía
El equipo de auditores fijó un plazo máximo de 30 días para concluir la recopilación de pruebas documentales. Las evidencias certificadas por los peritos contables serán remitidas a la asesoría jurídica interna para la formulación de las denuncias penales.
Los asesores legales del instituto presentarán las carpetas ante el Ministerio Público bajo los términos de los artículos 80 y 81 de la ley 1535. Los procesos penales buscarán sancionar los delitos contra el patrimonio público cometidos por las autoridades de la previsional.
Cierre del balance de fiscalización
El saneamiento administrativo de la caja previsional resulta urgente para salvaguardar la cobertura médica de toda la masa de trabajadores asegurados. El director de auditoría interna del Instituto de Previsión Social, Walter Laguardia, ratificó el compromiso de transparencia asumido junto a la presidencia.
Las intervenciones operativas continuarán en las diversas dependencias asistenciales para erradicar los esquemas de impunidad en los procesos de compras públicas. El plan de control apunta a proteger los recursos de los 1.900.000 ciudadanos dependientes del sistema de salud.