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Plantean que deudores alimentarios ya no puedan dar permisos de viaje

Un proyecto en el Senado plantea que padres que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam) pierdan el derecho a autorizar la salida del país de sus hijos. La iniciativa modifica el Código de la Niñez y genera debate sobre la patria potestad y garantías legales.

| Por La Tribuna
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Alimentos versus permiso.Son muchas las ocasiones en que el menor se ve en medio de un conflicto porque uno de sus padres se niega a firmar el permiso para salir del país.Gentileza

Una propuesta legislativa analiza modificar el régimen de autorización para la salida del país de niños, niñas y adolescentes cuando uno de los progenitores figure en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

El proyecto, impulsado por la senadora Lizarella Valiente (ANR), plantea que los padres que incumplen con la prestación alimentaria pierdan la potestad de firmar el permiso de viaje de sus hijos, ya sea por motivos de salud, educación o recreación.

La iniciativa modifica el artículo 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente exige la autorización de ambos progenitores para que un menor pueda salir del país. Con el cambio propuesto, el consentimiento del padre o madre morosos dejaría de ser obligatorio en determinados casos.

“El progenitor que no cumple con su responsabilidad no puede seguir ejerciendo plenamente ciertos derechos vinculados a la patria potestad”, señaló la senadora Lizarella Valiente, quien impulsa la propuesta en el Congreso.

Apuntan a trámites menos tediosos

La legisladora explicó que la medida busca agilizar trámites que suelen generar conflictos en familias separadas. En esos casos, la autorización podría tramitarse sin la firma del progenitor registrado como deudor.

El proyecto fue analizado en una mesa técnica con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Nacional de Migraciones, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Se estima que se tratará en los próximos días.

Las instituciones participantes advirtieron la necesidad de establecer mecanismos de control que garanticen la protección de niños y adolescentes, evitando que la flexibilización de los trámites afecte su seguridad.

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