La jueza de Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial del departamento Central, Carmen Rosana Román Sánchez, ordenó la devolución de la perrita Canela a su familia original, en el barrio Caacupemí de Areguá, tras considerar que no se comprobó responsabilidad de los dueños en el accidente que le provocó graves lesiones a la mascota.
El hecho ocurrió el 1 de enero de 2025 en una calle vecinal cercana a la casa donde vivía la perra, cuando en un momento dado la mascota escapó de su vivienda. Según dijo la magistrada en entrevista con La Tribuna, el adolescente involucrado sí estaba en la calle pero él no habría introducido el explosivo en el hocico del animal, sino que Canela lo habría tomado por sí sola, al parecer llamativo por su luz.
La jueza explicó que su decisión se basó en la investigación del Ministerio Público y en los elementos recabados durante el proceso, donde también se constató que los propietarios asistieron inicialmente al animal y gestionaron su atención veterinaria.
Jueza dice que dueños aportaron al tratamiento
Asimismo, aseguró que los dueños hicieron aportes económicos a la organización Olfateando Huellas para cubrir parte del tratamiento de la perrita, que requirió cirugías complejas, incluida la colocación de una prótesis mandibular.
Román Sánchez sostuvo además que su resolución está fundamentada y que no modificará su decisión ante presiones externas. “Mi función es hacer cumplir la ley y no me dejaré llevar por presiones mediáticas ni por emociones”, afirmó.
Desde la organización Olfateando Huellas, su presidenta Diana Camarasa cuestionó duramente la resolución judicial y aseguró que no devolverá a la perrita a un entorno donde evidentemente no se la cuidaba, por eso sufrió la grave lesión.
Calificó la decisión como “inadmisible” y afirmó que existen contradicciones tanto en la investigación fiscal como en las pruebas consideradas por el juzgado. Recordó que ahora hablan de un circuito cerrado que muestra a la dueña llevando a la perra a la veterinaria, pero a ella el fiscal le había dicho que no existía circuito cerrado en toda la zona. También sostuvo que no se valoraron sus declaraciones testificales ni el trabajo de rescate y rehabilitación realizado durante meses.
“Gasté más de G. 50 millones, no la voy a entregar”
“Pueden venir de a uno a pedirme, no voy a entregar a la perrita. Si me van a procesar por desacato no sé qué tan grave puede ser, y si tengo que pagar multa voy a pagar, pero no me la van a sacar, ya gasté más de G. 50 millones por ella y una sola vez pedí colaboración, todo fue de mi bolsillo”, expresó.
Camarasa señaló que Canela requiere cuidados especiales debido a las secuelas del accidente, no puede comer sólidos, necesita enjuagues bucales y control veterinario cada 15 días, por lo que considera muy riesgoso que vuelva a una familia que no tiene condiciones para cuidarla 24 horas.
El caso reabre el debate sobre la protección legal de animales víctimas de lesiones y el alcance de las decisiones judiciales en este tipo de situaciones.
En 30 segundos
La perrita fue rescatada tras sufrir un grave accidente en el barrio Caacupemí de Areguá, donde una explosión de pirotecnia le provocó severas lesiones en la mandíbula. Debió ser sometida a cirugías complejas, incluida la colocación de una prótesis mandibular, en un tratamiento veterinario considerado de alta complejidad en el país.
Durante su recuperación quedó bajo el cuidado de la organización Olfateando Huellas, que acompañó el proceso médico y de rehabilitación. El caso derivó en una investigación del Ministerio Público y posteriormente en una resolución judicial que ordenó la devolución del animal a su propietario original.
La decisión generó un fuerte rechazo de sectores animalistas, que cuestionan las condiciones del entorno al que sería reintegrada la perrita y el manejo del caso durante la investigación.