En el Mercado N.º 4 y otros sectores de alta circulación de Asunción, encontrar un lugar para estacionar suele ser una experiencia frustrante. No solo por la escasez de espacios disponibles, sino también por una práctica tan extendida como irregular: cajas de manzana, conos, sillas y otros objetos utilizados para “reservar” lugares que pertenecen a todos.
La situación genera malestar entre los conductores, especialmente entre quienes pagan a la Municipalidad por estacionamientos reservados y afirman que los costos aumentaron debido a que la ordenanza tributaria estableció tarifas calculadas para un sistema de estacionamiento tarifado que nunca llegó a funcionar.
La raíz del problema se encuentra en la Ordenanza N.º 72/2023, elaborada sobre la base de la concesión otorgada al Consorcio Parxin para administrar el estacionamiento controlado en Asunción.
Municipalidad “atada de manos”
El contrato quedó suspendido tras inconvenientes relacionados con el sistema informático, aunque continúa vigente.
“El contrato quedó temporalmente suspendido, pero no está rescindido”, explicó el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Vicente Capello. Según indicó, esta situación limita la posibilidad de modificar las tarifas establecidas.
De acuerdo con el funcionario, la ordenanza tributaria sigue vinculada al contrato firmado con Parxin. Por ello, las categorías de zonas tarifadas y no tarifadas, así como los costos correspondientes, continúan aplicándose pese a que el sistema nunca entró en funcionamiento.
Asuncenos pagan mucho más que antes
Capello reconoció que existe una diferencia considerable entre las tarifas actuales y las que regían anteriormente. Según la normativa, las personas físicas que solicitan espacios reservados en zonas tarifadas deben abonar cinco jornales mensuales, mientras que los locales comerciales pagan siete jornales. En las zonas no tarifadas, las personas físicas pagan dos jornales y los comercios tres.
Algunos contribuyentes aseguran que llegan a desembolsar hasta G. 18 millones al año por sus espacios reservados.
Desde la Municipalidad sostienen que cualquier modificación dependerá de una definición sobre el futuro de la concesión. Si el contrato se rescinde o se reformula, la Intendencia y la Junta Municipal deberán analizar cambios en la ordenanza tributaria y en la normativa que regula el estacionamiento.
El director de Asesoría Jurídica, Jorge Sabaté, explicó que continúan los trabajos relacionados con software, hardware y capacitación del personal necesarios para una eventual implementación del sistema.
Es ilegal obstaculizar espacios para reservar
Desde la administración municipal recuerdan que nadie puede apropiarse de espacios de estacionamiento ubicados en la vía pública.
“Reservar estacionamientos poniendo cajas de manzana o cualquier otro objeto está prohibido. La vía pública es de uso público y nadie puede restringir el estacionamiento en lugares permitidos”, afirmó Capello.
La misma postura fue respaldada por el director de la Policía Municipal de Vigilancia, Miguel Stampf, quien indicó que se realizan operativos “Cero Cuidacoches” con apoyo de la Policía Nacional.
Mientras el futuro de Parxin sigue sin definirse, las calles de Asunción continúan reflejando una contradicción: ciudadanos que pagan tarifas diseñadas para un sistema suspendido conviven con prácticas informales de ocupación de espacios públicos que la propia Municipalidad considera ilegales.
Tres puntos clave
1. Parxin está suspendido, no cancelado
La concesión para el estacionamiento tarifado sigue vigente, aunque su implementación quedó suspendida por problemas técnicos. Por eso la Municipalidad afirma que no puede modificar las tarifas actuales.
2. Se siguen pagando tarifas elevadas
Los costos para estacionamientos reservados fueron fijados en función del esquema que iba a operar Parxin. Algunos contribuyentes aseguran desembolsar hasta G. 18 millones al año.
3. Nadie puede reservar la vía pública
Colocar cajas, conos, sillas u otros objetos para impedir que alguien estacione está prohibido. La Municipalidad recuerda que los espacios públicos son de libre uso y que existen operativos contra esta práctica.


