Clementina, docente de matemática, visitó el jueves el programa Mina en La Tribu, emitido por radio La Tribu 650 AM, donde recordó el proceso judicial que marcó su vida. El 1 de agosto se cumplirán 10 años desde que recuperó su libertad tras estar más de dos años en prisión preventiva.
Fue detenida en octubre del año 2013 tras ser imputada por homicidio doloso, después de que el cuerpo de su hijo recién nacido fuera hallado enterrado en el patio de su vivienda. El caso recién llegó a juicio oral en agosto de 2016 y el Tribunal la absolvió de culpa y reproche.
La resolución judicial señaló errores en la actuación fiscal y judicial, debido a que el informe forense advertía que el avanzado estado de descomposición del cuerpo impedía determinar con precisión la causa de muerte.
Tras su libertad, Clementina promovió en el año 2018 una demanda civil por los daños sufridos durante su reclusión. El caso judicial volvió a saltar al tapete porque el 21 de mayo de este año el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificó la sentencia que ordenó que el Estado pague en concepto de reparación por daños y perjuicios G. 853 millones más intereses mensuales del 2,3 %. En total, la suma que le será entregada a la demandante será de G. 1.800 millones.
Una historia mal contada
Clementina es oriunda de la compañía Pacheco, ciudad de Carapeguá, y en el año 2013 atravesaba un embarazo de riesgo. Realizaba sus controles en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). En una de las consultas para programar su cesárea, el parto se precipitó, por lo que su hijo nació el viernes 6 de setiembre por la noche.
Siendo madre soltera y de escasos recursos, decidió regresar sola a su casa en transporte público. “Durante el viaje amamanté a mi bebé y al bajar descubrí que mi hijo ya no estaba con vida. Pudo haber sido por atragantamiento con mi leche”, expresó en la entrevista.
Desesperada y sin poder dimensionar lo ocurrido, sus familiares decidieron enterrar al niño en el patio de la casa. “Yo me ahogué en mi dolor, porque una madre no está preparada para enterrar a un hijo”, dijo y reconoció que omitieron procedimientos legales y médicos, pero sostuvo que en ese momento no estaba en condiciones emocionales.
Días después comenzaron los rumores en la comunidad. Se habló de una supuesta venta del bebé y luego la causa pasó a investigarse como homicidio doloso. En ese momento, Clementina denunció irregularidades en el manejo de su expediente médico del IPS.
Luego de 22 días fue denunciada y enviada directamente a la Penitenciaría de Mujeres “Casa del Buen Pastor”. En tanto, la necropsia realizada al cuerpo del neonato no determinó con certeza la causa de defunción y médicos declararon que pudo tratarse de una muerte súbita.
En la cárcel, Clementina solicitó varias veces un defensor público, pero nunca obtuvo respuesta, hasta que finalmente fue asistida gratuitamente por el abogado Jaime López.
Finalmente, Clementina fue absuelta, pero a pesar de haber obtenido el reconocimiento por parte de la Justicia sostiene que no hay suma de dinero que borre las cicatrices del pasado. Y es que el daño que sufrió no se mide solo en cifras, sino en años perdidos. Hoy, su esperanza es que el país entienda lo injusto que fue haber soportado un proceso judicial siendo inocente, sumando todavía más dolor a la pérdida de su hijo.
Estigma, injusticia y vulnerabilidad
Cuando murió su hijo recién nacido, la vida de Clementina Ruiz Díaz quedó atravesada por una causa judicial injusta que la imputó por homicidio doloso, aunque el informe forense no estableció la causa de muerte del niño. Pese a que no existían conclusiones definitivas sobre lo ocurrido, la docente permaneció casi tres años en prisión preventiva, mientras la investigación avanzaba lentamente hasta llegar a juicio oral recién en 2016.
Durante ese tiempo, su vida familiar se vio profundamente afectada. Sus hijos mayores quedaron sin su sostén emocional y económico, pasando necesidades al cuidado de su abuela materna, mientras ella enfrentaba el proceso judicial encerrada, vulnerable y sin una resolución. El Tribunal la absolvió de culpa y reproche al no hallarse elementos suficientes que demostraran su culpabilidad, pero aclaró en su demanda que seguirá sufriendo el estigma de su comunidad.