Según explicó la superintendenta de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, la institución cuenta con unas 776 propiedades tituladas a su nombre, además de otros bienes no regularizados que forman parte de su patrimonio. El documento en estudio establece las condiciones para la enajenación de estos activos, en el marco de las normas vigentes. Sin embargo, desde el IPS se plantea una serie de ajustes que serán consolidados en una postura institucional.
Entre las principales observaciones figura la modalidad de venta, ya que el borrador incorpora alternativas como concursos de ofertas, ventas directas y concursos cerrados, además de la subasta pública prevista en la ley. La institución recomienda limitar los mecanismos exclusivamente a la subasta pública para inmuebles del fondo. También se propone establecer de forma obligatoria una garantía de mantenimiento de oferta del 10% del valor ofertado, a fin de evitar especulaciones en los procesos. Otro punto es la incorporación de restricciones por conflictos de interés, incluyendo inhabilidades para familiares de autoridades involucradas en la toma de decisiones.
Asimismo, el IPS plantea que la evaluación no sea únicamente económica, sino que incluya criterios de valor de mercado y relevancia del activo dentro del patrimonio institucional. El objetivo es consolidar una postura técnica única que será enviada a la Superintendencia de Pensiones.