La abogada sostuvo que la propuesta desconoce la realidad judicial del país, donde la mayoría de los procesos requieren un impulso constante debido al incumplimiento de los progenitores. Según explicó, cerca del 90% de los casos de prestación alimentaria enfrentan trabas y demoras provocadas por los propios demandados.
Palavecino reveló además cifras alarmantes sobre la situación en Paraguay. Indicó que el Ministerio Público recibe alrededor de 7.000 denuncias anuales por incumplimiento del deber alimentario, mientras que al cierre del año pasado unas 1.300 personas estaban inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
La representante de Madres Autónomas alertó que la eventual aprobación del proyecto dejaría en situación de vulnerabilidad a jóvenes que todavía cursan la educación media o inician estudios universitarios, así como a hijos con discapacidades que continúan dependiendo económicamente de sus padres.
Asimismo, señaló que la cuota alimentaria promedio apenas cubre el 20% de los gastos reales de crianza, mientras que el 80% restante recae sobre las madres. También recordó que la legislación paraguaya contempla la responsabilidad subsidiaria de familiares, permitiendo incluso accionar judicialmente contra abuelos o tíos cuando el progenitor incumple con sus obligaciones.