El debate sobre el salario mínimo abrió cada tanto la discusión sobre las condiciones laborales y la informalidad en Paraguay. En ese contexto, el experto en empleo Enrique López Arce planteó la necesidad de analizar una futura ley de transparencia salarial, inspirada en normativas que ya funcionan en países de Europa y en algunos estados de Estados Unidos.
La propuesta apunta a que todas las vacancias laborales publiquen de forma obligatoria el salario o la banda salarial ofrecida para cada puesto. Según explicó López Arce, esta medida podría convertirse en una herramienta para combatir la informalidad y mejorar la competencia entre empresas.
“El informal no podría publicar porque no podrá decir que paga menos. Y si miente, le vendrán encima las autoridades”, señaló el especialista al explicar uno de los posibles efectos de la normativa.
A criterio de López, la transparencia también ayudaría a que el mercado laboral se autorregule. Ejemplificó que, si dos empresas buscan trabajadores para el mismo puesto y una de ellas ofrece un sueldo superior, por más pequeña que sea la diferencia, la competencia se ve obligada a ajustar sus remuneraciones para no perder candidatos. “Así el mercado se autorregula y solo va subiendo el salario promedio”, sostuvo.
“No solo hay que mirar el salario mínimo”
López Arce afirmó además que Paraguay suele concentrar el debate únicamente en el salario mínimo, cuando en realidad debería observarse el salario promedio y la calidad general de los ingresos laborales. Señaló que los indicadores salariales del país todavía están distorsionados por la alta informalidad.
A su vez, advirtió que uno de los grandes desafíos del mercado laboral paraguayo sigue siendo la calidad del empleo y la escasa presencia de grandes empresas capaces de ofrecer mejores condiciones salariales y estabilidad.
Empresas no deberían preguntar cuánto ganabas
La discusión sobre la transparencia salarial cobra fuerza en distintos países. En España, por ejemplo, la Directiva de Transparencia Salarial de la Unión Europea establece que los postulantes deben conocer el salario o rango salarial antes de la entrevista laboral. Además, las empresas no podrán consultar el historial salarial de los candidatos.
La normativa europea también incorpora mecanismos de control sobre brechas salariales y obliga a grandes empresas a reportar información sobre remuneraciones. El objetivo es fortalecer la igualdad y garantizar procesos de contratación más transparentes.