La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) presentó un informe técnico donde solicita la intervención de 126 carreras de derecho pertenecientes a 32 universidades.
El titular de la entidad, José Duarte Penayo, explicó que la medida se fundamenta en la Ley 2072, la cual obliga a las instituciones que imparten esta disciplina a someterse a procesos de certificación de calidad.
Según datos oficiales, actualmente solo el 7% de las carreras de derecho habilitadas en Paraguay cuentan con la acreditación correspondiente, según se informó en Tribu Nativa por La Tribu 650 AM.
Alianza estratégica con la Corte Suprema de Justicia
Ante la brecha enorme existente entre la habilitación legal y la acreditación, la ANEAES coordina acciones directas con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para establecer filtros a la matriculación profesional. El objetivo de este trabajo conjunto, impulsado por gestiones del ministro Víctor Ríos, busca que la acreditación sea un requisito obligatorio para obtener la matrícula de abogado. Para aquellos egresados de programas no acreditados, se proyecta la implementación de un examen de competencias para validar la formación académica.
Facultades de intervención del CONES y marco legal
Duarte Penayo enfatizó que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) posee las facultades legales para ejecutar las intervenciones a través de la Resolución 160.
Esta normativa establece que la no presentación de una carrera a los procesos de evaluación de la ANEAES constituye una causal suficiente para la toma de medidas contundentes.
El titular de la agencia reiteró que no es una simple sugerencia, sino la aplicación de la ley para garantizar la integridad en la formación de profesionales.
Informalidad y riesgo de estafa colectiva en educación
La persistencia de grandes bolsones que operan en la informalidad académica es calificada por la agencia como un esquema de estafa colectiva que afecta a los ciudadanos paraguayos.
Muchas instituciones ofrecen matrículas baratas sin contar con respaldo académico, lo que genera incentivos para la mediocridad y la expansión de matrículas sin certificación de calidad.
Al no presentarse a los procesos de evaluación, el Estado paraguayo carece de información sobre el plantel docente y las horas de trabajo, lo que debilita el capital humano nacional.