La jueza Clara Ruiz Díaz inició ayer el proceso penal contra tres personas que fueron detenidas el lunes pasado e investigadas por explotación sexual infantil. La magistrada admitió la imputación que la fiscala Ruth Benítez presentó por hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes.
Quedaron procesados penalmente Daniel Silverio Mora Rodríguez (45), Iván Martín Cáceres Cardozo (36) y Juan Carlos Céspedes Balbuena (36), alias Juanki. Estos fueron detenidos durante el allanamiento encabezado por el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público.
Varios allanamientos se realizaron el lunes pasado, entre ellos en la ciudad de Emboscada, en Limpio y en Mariano Roque Alonso. El objetivo del trabajo fue identificar y desmantelar redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil.
Las autoridades informaron que a nivel local ya se incautaron de más de 12.000 archivos ilícitos en plataformas digitales. Estos archivos sirvieron para seguir a los responsables de la distribución a nivel local.
La ofensiva forma parte de una acción coordinada a gran escala, impulsada por organismos internacionales y fuerzas de seguridad de la región, orientada a combatir delitos transnacionales que vulneran la integridad y dignidad de los niños y adolescentes, especialmente en el ámbito digital.
En el allanamiento realizado en Mariano Roque Alonso, las autoridades se incautaron del poder de Iván Martín Cáceres Cardozo 3 teléfonos celulares y una CPU que serán analizados en el Departamento de Cibercrimen de la Policía.
En el allanamiento realizado en Emboscada fueron detenidos Juan Carlos Céspedes y Daniel Silverio Mora. De la vivienda se incautaron de 7 teléfonos celulares y una notebook que quedaron también a disposición de las autoridades para la realización de la investigación sobre la distribución de imágenes de materiales pornográficos y su comercialización.
Con la detección de 12.000 archivos ilícitos en plataformas digitales descubiertos en un operativo realizado por la Policía con la Fiscalía permitió trazar el mapa de la red criminal que operaba tanto a nivel local como internacional, según el informe del Ministerio Público.
El Ministerio Público tiene un plazo de 6 meses para presentar sus conclusiones de la investigación y presentar su acusación contra los imputados.