El drama de los cables sueltos en Asunción y otras ciudades del país es una preocupación creciente por el riesgo que representa en la vía pública, tanto para motociclistas como para peatones, además de la polución visual que generan en el entorno urbano.
En distintos puntos del país se han registrado accidentes vinculados a cables colgados a baja altura o directamente sueltos, en desuso. En la ciudad de Presidente Franco, en la zona del kilómetro 9 Monday, se reportaron al menos dos casos graves en febrero de 2026, uno de ellos con un motociclista herido en el cuello tras engancharse con un cable, y otro con lesiones severas tras impactar contra un tendido a baja altura.
Ocurrieron graves accidentes
En Asunción también se han documentado situaciones de alto riesgo. En marzo de 2026, una mujer estuvo a punto de sufrir una grave lesión en el microcentro al engancharse con cables sueltos, reabriendo el debate sobre el mantenimiento del tendido aéreo. En diciembre de 2025, un exfuncionario de la Secretaría de Emergencia Nacional (Senad) fue hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica al caer de su motocicleta luego de entrar en contacto con un cable.
Uno de los casos más graves fue el de Liz Paola Gómez, quien en septiembre de 2024 perdió una pierna tras un accidente con un cable suelto cuando viajaba en moto en el barrio Obrero de Asunción. Fue aplastada por la motocicleta tras la caída y eso generó una grave lesión en su extremidad.
Otros países de la región tienen ley sobre el tema
En este preocupante contexto, Félix Llano, asesor jurídico de la Comisión de Equidad Social de la Cámara de Diputados, explicó a La Tribuna que actualmente no existe una ley específica que regule la disposición final de los cables en desuso instalados por compañías telefónicas y prestadoras de internet.
Señaló que el sistema vigente se basa en contrapartidas y acuerdos administrativos con la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), lo que deja un vacío legal en materia de control. Además, indicó que varios municipios han intentado intervenir mediante intimaciones para el retiro de estos cables, aunque se trata de gestiones administrativas sin alcance judicial.
El asesor agregó que se analiza impulsar un proyecto de ley que permita establecer un marco normativo claro, tomando como referencia experiencias de países de la región que sí tienen esta normativa. La propuesta incluiría la definición de responsabilidades, mecanismos de verificación y sanciones ante incumplimientos.
Mientras esta ley no exista, los cables en desuso continúan visibles en distintos puntos del país, evidenciando la necesidad de una legislación específica que ordene su gestión y reduzca los riesgos en la vía pública.