La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) expresó su respaldo al reciente cambio normativo del Viceministerio de Transporte (VMT), que permitirá aplicar multas automáticas a las empresas que no cumplan con sus itinerarios y frecuencias. Durante una entrevista en el programa Espresso Informativo de La Tribu 650 AM, el vocero Mauricio Maluf calificó la medida como un avance histórico largamente reclamado por los usuarios. Anteriormente, la legislación obligaba al ente regulador a contar con la presencia física de un fiscalizador en la calle para certificar una infracción, ignorando los datos proveídos por el sistema de monitoreo.
Maluf señaló que resultaba contradictorio que cualquier ciudadano pudiera ver la ubicación de los buses desde una aplicación móvil, mientras que el VMT alegaba incapacidad legal para sancionar basándose en esos mismos datos. Esta dejadez administrativa permitía que procesos de sanción por baja frecuencia se extendieran hasta por dos años, como ocurrió con los reclamos de la línea 33. Con la nueva potestad administrativa, el Ministerio podrá procesar sumarios de manera automática al detectar incumplimientos de contrato en tiempo real.
Avance normativo frente al déficit de flota
A pesar de celebrar el ajuste legal, OPAMA advirtió que la aplicación de multas no solucionará de inmediato el problema de fondo. Mauricio Maluf explicó que existe un déficit estructural donde la cantidad de colectivos operativos es significativamente menor a la de años anteriores. “Si no hay colectivos, no importa cuántas multas apliques; el sistema no se solucionará solo con sanciones si no hay capacidad de flota”, subrayó el representante al analizar la crisis del sector.
Presión empresarial y excusas coyunturales
Ante el anuncio de las empresas de transporte sobre una posible falta de vehículos por el aumento del precio del combustible, Maluf consideró que se trata de una medida de presión política recurrente. Según el vocero, cada vez que el VMT intenta implementar una norma que endurece los controles, el sector empresarial utiliza “excusas coyunturales” para forzar una flexibilización de las reglas de juego y evitar sanciones.
Conexión política y laxitud en los controles
El representante de los pasajeros también hizo hincapié en la fuerte conexión histórica entre las empresas de transporte y la clase política paraguaya. Esta relación ha sido el principal freno para que el Viceministerio asuma su rol de ente regulador con seriedad y rigor. Maluf instó al actual ministro a no ceder ante lo que calificó como un “chantaje” de los transportistas y a mantener la firmeza en la aplicación de la nueva normativa de fiscalización electrónica.
Herramienta de transparencia subutilizada
Resulta alarmante que, contando con tecnología de posicionamiento en las unidades desde el año 2017, el Estado haya tardado casi una década en validar estos datos para el control punitivo. Para OPAMA, esta demora refleja una incapacidad de enfrentar el lobby empresarial que prefiere normas laxas y difíciles de verificar en calle. La organización sostiene que el control electrónico debe ser el eje central de un sistema de transporte viable y transparente para el Área Metropolitana.
Calidad del servicio y verificación de campo
Además del cumplimiento de itinerarios, el vocero mencionó que la calidad del servicio sigue siendo una materia pendiente que requiere una fiscalización más rigurosa. Aunque aspectos como el estado de las unidades demandan presencia física, el Ministerio hoy cuenta con una estructura de control muy poco desarrollada para la magnitud de la demanda. La ciudadanía percibe la baja calidad diariamente en buses que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y confort.
Necesidad de una reforma económica profunda
Finalmente, Mauricio Maluf enfatizó que el sistema de transporte requiere una reforma económica urgente para ser sostenible. Esto incluye revisar la entrega de subsidios y asegurar que estos pagos estén estrictamente vinculados al cumplimiento de las condiciones mínimas de contrato. La dirección económica del sistema debe garantizar que el servicio sea viable para el inversor pero, por sobre todo, digno y eficiente para el ciudadano que depende del transporte público.